Tribunal anula sanción de Contraloría a exfuncionario de Hacienda

Julio César Espinoza, exdirector de Crédito Público. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -El Tribunal Contencioso Administrativo anuló una sanción impuesta por la Contraloría General de la República (CGR) al exdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Julio César Espinoza, por el denominado "hueco fiscal".

Mediante sentencia N° 2024000636, emitida el 31 de enero pasado, el Tribunal declaró la nulidad del procedimiento relacionado con la inhabilitación de Espinoza de ocupar cargos públicos y la remisión de piezas al Ministerio Público.

"Como consecuencia de la nulidad declarada, se ordena a la Contraloría General de la República anular la inscripción de la sanción impuesta al actor, en el Sistema de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA), lo que deberá realizar de manera inmediata, a partir de la firmeza de este fallo", indica la resolución.

La decisión judicial se basa en la existencia de vicios graves entre el acto de apertura del procedimiento y su resolución final (N° 16060-2019 DJ-1355, N° 18307- 2019 (DJ-1527), y resolución R-DC-32-2020 (consecutivo DC- 0106)).

Adicionalmente, el Tribunal condenó al Estado y a la Contraloría al pago de daños y perjuicios causados a Espinoza.

"Se acoge el daño moral subjetivo en la suma de ¢2.000.000. ( dos millones de colones) y el daño moral objetivo en la suma de ¢3.000.000. ( tres millones de colones) sumas que devengará intereses al tipo legal a partir de la firmeza de esta resolución", agrega la resolución.

El caso penal contra el exfuncionario también deberá desestimarse por la nulidad de la sanción.

En octubre de 2019, la CGR inhabilitó a Espinoza, quien también fungía como miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), al exdirector de Crédito Público, Melvin Quirós, y a la extesorera nacional, Martha Cubillo, de ocupar cargos públicos.

Ellos fueron denunciados por el "hueco fiscal" que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Ese faltante presupuestario registrado en 2018 llevó a Costa Rica a pagar ¢182.000 millones de deuda pública con fondos que no habían sido autorizados por la Asamblea Legislativa.