Sugeval rechazó recursos de revocatoria presentados por el BCR y SAFI por problemas con Parque del Pacífico
El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó que este viernes 29 de noviembre la Superintendencia General de Valores (Sugeval), rechazó los dos recursos de revocatoria presentados por las juntas directivas del Banco de Costa Rica y de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), contra la orden administrativa SGV-R-179-2024.
Dicha instrucción solicitaba ejecutar una serie de lineamientos relacionados con el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), inmueble adquirido por el Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND) en el 2020. Dicha compra desató investigaciones penales y administrativas por la presunta compra con sobreprecio a una sociedad anónima vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales (2018-2022).
La institución informó que "aunada a esta resolución se suspende la ejecución de las acciones instruidas por la Sugeval, hasta tanto los recursos sean analizados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), en su condición de superior".
La Sugeval ordenó el traslado de $70 millones de a la SAFI para normalizar la operatividad del fondo, debido a que la adquisición de ese inmueble la puso en riesgo; sin embargo, el banco insiste en que su deber es cuidar los fondos públicos y que no existen los elementos que respalden la legalidad de la medida interpuesta.
La resolución es parte del proceso de investigación que se abrió ante posibles irregularidades en la presunta compra con sobreprecio por $70 millones del PEP, cuando posteriormente se determinó que su precio real no sobrepasaba los $35 millones.
El pasado 22 de julio la Superintendencia había ordenado al BCR otra serie de acciones, entre ellas aportar 22 mil millones de colones de capital social a su subsidiaria BCR SAFI para fortalecerla patrimonialmente.
Este órgano emitió un informe solicitándole al banco aplicar seis medidas para "garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales inversionistas que participen de los fondos de inversión que ella administra".
Sugeval: "Hay pruebas para otras sanciones"
La resolución apunta a que existían elementos suficientes en la auditoría interna AUD-SAFI-030-2023 para materializar otras acciones con el fin de sentar responsabilidad, por lo que consideran que no se actuó como se debía.
"Conforme al desarrollo efectuado en la sección referida al análisis del caso, en relación con las actuaciones, omisiones y los incumplimientos en los que se presume incurrieron los servidores que tuvieron relación con los hechos, se estima que sus acciones y omisiones estuvieron alejadas de las exigencias que sus puestos y la normativa interna y externa les demandaban. Por ello, se considera que fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas.
Las conductas indicadas son negligentes, reprochables y omisivas, por lo que estas actuaciones son perjudiciales para el buen nombre de BCR SAFI S.A., así como para protección de los inversionistas. Tales conductas cuentan con suficiente material probatorio (están documentadas), por lo que la Junta Directiva de BCR SAFI S.A., tiene fundamento legal para proceder a tomar las decisiones y medidas correspondientes"
Sobre la salida del PEP del FIIND justificaron que tanto en el informe de auditoría como en el oficio SAFI GG 343-2024 "ha quedado plenamente documentado que la compra del Parque Empresarial del Pacífico no corresponde a un inmueble propio de un fondo inmobiliario, realizándose en contra de la política de inversión y la normativa del mercado de valores, hecho además reconocido por parte de la Sociedad Administradora".
En razón de los hechos, la Superintendencia señaló que la responsabilidad y el costo de compra del Parque no debe seguir recayendo sobre los inversionistas, sino sobre la Sociedad Administradora y su controladora.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene una causa abierta (23-017883-0042-PE) para investigar la posible compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de documentos relacionado con este negocio.
La auditoría AUD-SAFI-030-2023, aportada al expediente penal mediante una denuncia presentada por el banco el pasado 26 de agosto, ofrece en sus conclusiones que era necesario llevar a cabo una serie de acciones administrativas e incluso jurisdiccionales por parte de los órganos de control, por lo que esta acción obedece al seguimiento que corresponde a la Sugeval.
El oficio es contundente al señalar que los funcionarios a cargo de supervisar y realizar la compra del PEP incurrieron en omisiones que estuvieron alejadas de las exigencias que sus puestos y la normativa interna y externa les demandaban. Por ello, se considera que fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas.
Además, calificó sus conductas de "negligentes, reprochables y omisivas" resultando perjudiciales para el buen nombre de BCR SAFI así como para sus inversionistas.