Sugeval ordena a BCR SAFI sacar Parque del Pacífico de Fondo Inmobiliario y aportar $70 millones

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) ordenó a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) ejecutar varias acciones para sacar el Parque Empresarial del Pacífico del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND) de su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

La más relevante es que debe aportar $70 millones para que ejecuten en el pago de pasivos del fondo, bajar gastos por intereses y reducir el nivel del endeudamiento.

Así se consigna en el oficio SGV-R-179-2024, al cual tuvo acceso crhoy.com, enviado y firmado por el superintendente general de valores, Tomás Soley Pérez, a la junta directiva del banco este martes 29 de octubre.

El escrito señala que el objetivo de este aporte es que se restablezca la situación del fondo antes de la compra del 2020 en febrero del 2020, inmueble por el que se pagó una suma de $70 millones, pese a que la obra no estaba concluida y que además tenía un valor real que no superaba los $35 millones, según estudios periciales hechos posteriores a la compra.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tienen una causa abierta (23-017883-0042-PE) para investigar la posible compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de documentos relacionado con este negocio.

Por ese motivo, la Sugeval notificó una orden administrativa a BCR SAFI y al BCR en su condición de empresa controladora de la subsidiaria y le dio un plazo de 30 días hábiles para plantear la realización de acciones concretas en relación con el fondo dueño del PEP.

Soley enumeró las siguientes consideraciones a cumplir por parte del banco y la sociedad:

• La salida del activo denominado Parque Empresarial del Pacífico del Fondo de Inversión, con cargo a la Sociedad Administradora y por el monto de la compra inicial de $70 millones de dólares (moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) así como los costos directamente atribuibles para tal salida tales como pago de impuestos o pago de honorarios legales. Si BCR SAFI no puede asumir dicho costo, por razones de suficiencia patrimonial o alguna otra que sea justificada, Banco de Costa Rica en su condición de empresa controladora, deberá asumir en forma subsidiaria ese costo del inmueble.
• Que se utilicen los recursos que se generan de la atención del punto anterior para el pago de pasivos que presenta el Fondo de Inversión de manera que se reduzca el nivel de endeudamiento y los gastos por la atención del servicio de la deuda.
• Que se realicen las gestiones necesarias para que el costo financiero (intereses y comisiones bancarias) incurrido para la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico sea eliminado del Fondo de Inversión y sea asumido por la Sociedad Administradora; sin embargo, si por razones de suficiencia patrimonial, no es posible para BCR SAFI llevar a cabo esta acción, entonces Banco de Costa Rica en su condición de controladora deberá asumirlo en forma subsidiaria.
• Que de mantenerse la propuesta planteada del "Proyecto de Vehículo de Propósito Especial de Economía Azul (VPE-EA)", deberán replantear dicho negocio para que se sustituya la participación de los inversionistas y que sea la Sociedad Administradora quien asuma dicha propuesta y en forma subsidiaria Banco de Costa Rica en su condición de empresa controladora.
• Que sea convocada una asamblea de inversionistas para la presentación de las propuestas del Fondo de Inversión y las aprobaciones que correspondan de ser necesario. La convocatoria a la asamblea de inversionistas del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado deberá ser realizada al término del plazo señalado y la asamblea efectuarse en el plazo de convocatoria previsto en el Acuerdo SUGEVAL 8-09 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.

La Superintendencia explicó a los directivos del BCR que al conocerse tantas inacciones y omisiones en el proceso de compra, se vieron en la obligación de implementar una orden administrativa que repercute con la imposición de medidas.

Soley señala que lo que se busca es "el restablecimiento de la situación jurídica acaecida y con ello evitar mayores daños de imposible o difícil reparación a los inversionistas y al propio funcionamiento del mercado de valores".

El documento señala que contra estas medidas cabe la posibilidad de presentar recurso de revocatoria o apelación, sin embargo, de momento se desconoce si la entidad bancaria echara mano de esta herramienta mientras analiza cómo resolver lo ordenado por Sugeval.

El pasado 22 de julio la Superintendencia había ordenado al BCR otra serie de acciones, entre ellas aportar 22 mil millones de colones de capital social a su subsidiaria BCR SAFI para fortalecerla patrimonialmente.

La Superintendencia emitió un informe solicitándole al banco aplicar seis medidas para "garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales inversionistas que participen de los fondos de inversión que ella administra".

Auditoría del 2023 fue clave

Soley insistió en el que informe de auditoría AUD-SAFI-030-2023 del 5 de junio del 2023, en sus conclusiones se señaló que era necesario llevar a cabo una serie de acciones administrativas e incluso jurisdiccionales por parte de los órganos de control, por lo que esta acción obedece al seguimiento que corresponde a este órgano.

El oficio es contundente al señalar que los funcionarios a cargo de supervisar y realizar la compra del PEP incurrieron en omisiones que estuvieron alejadas de las exigencias que sus puestos y la normativa interna y externa les demandaban. Por ello, se considera que fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas.

Además, calificó sus conductas de "negligentes, reprochables y omisivas" resultando perjudiciales para el buen nombre de BCR SAFI  así como para sus inversionistas.

El 26 de agosto del 2024, la Junta Directiva de BCR SAFI presentó una denuncia en el Ministerio Público por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), fundamentado en la relación de hechos presentada por la Auditoría Interna por oficio AUD-SAFI-030-2023.

No obstante, la Fiscalía ya investigaba el caso desde el año pasado por denuncias interpuestas por las personas que confiaron su dinero al fondo.