Sugeval obligó a tesorera de BCR SAFI a renunciar del cargo por escándalo de Parque del Pacífico

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) obligó a Mahity Flores Flores a renunciar de su puesto como tesorera de la junta directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) por la investigación que se lleva a cabo tras la presunta compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

Este inmueble fue adquirido en febrero del 2020 por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) de la SAFI por un monto de $70 millones y posteriormente se determinó que su valor real era de $35 millones, incluso el último avalúo anual expone que el valor actual es de $28 millones.

Por esa razón, tanto la Sugeval como la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) tienen investigaciones en curso ante la presunta compra con sobreprecio de la propiedad, siendo la apertura del expediente en la superintendencia la que produjo la solicitud de salida de Flores de la junta directiva de la SAFI.

Así consta en el artículo III del acta de la sesión ordinaria 31-24, celebrada el 14 de octubre pasado, pero hasta la semana pasada el BCR hizo público el documento con los detalles.

En el acta se expone que Flores presentó la renuncia ante la junta de la SAFI y ante la del BCR el 14 de octubre en una sesión virtual. La funcionaria confirmó ese día que fue por orden de la Sugeval que tuvo que poner a disposición su puesto en la SAFI.

"En su nota el regulador afirma que yo estuve en las sesiones donde se aprobó la compra del PEP, muy lamentable esa aseveración, dado que la JD de SAFI, no negocia con inquilinos, tampoco lo hace con los proveedores, no compra, ni vende activos, no gestiona absolutamente nada que tenga ver con la administración de activos de los Fondos, y esto está claramente identificado y definido en nuestra normativa y gobernanza, la cual es nuestra obligación respetar", escribió Flores en su carta.

Además externó que por indicación de la superintendencia ella en todo momento, durante los últimos meses, se abstuvo de conocer los puntos de discusión del PEP durante las sesiones de directiva, argumentando que desconocía los temas que se trataron en su momento sobre el Parque, por lo que no comparte la decisión del ente regulador.

"Compañeros, quiero compartirles que con esta solicitud de destitución de la Sugeval me siento muy afectada, y que todo esto me ha generado una profunda tristeza, angustia y frustración a mí personalmente y a mi familia que lógicamente se preocupan muchísimo", dice la carta de Flores.

Añadió que en la relación de hechos de la auditoría presentada a la superintendencia "fue realizado de manera objetiva, independiente, bajo lineamientos de la Contraloría General de la República" para dejar claras las responsabilidades de las personas involucradas, por lo que argumentó que ella se libraba de responsabilidades debido a que según su criterio la directiva de la SAFI no tenía las competencias de aprobar la compra del PEP.

"Creo que el señor regulador se extralimita, aplicándome una sanción de forma anticipada, esto es sin haberse resuelto el procedimiento administrativo, con lo cual se me está perjudicando sustancialmente, afectando mi imagen, mis oportunidades de trabajo, incluso siento algún nivel de persecución y discriminación", adujo.

Señaló que la decisión se tomó por "falta de conocimiento y en ausencia de un debido proceso" por parte del regulador Tomás Soley, quien firmó la orden de salida de Flores.

"(…) las decisiones del regulador podrían calificarse de parcializadas, subjetivas y lamentablemente me causan un daño. (…) Hoy me veo ante básicamente un mandato de renunciar y siento que la regulación ya definió culpables, a pesar de que el procedimiento administrativo no avanza hace más de un año", concluyó el escrito de renuncia.

El 26 de agosto de 2024, la directiva de BCR SAFI interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público, para que se investiguen presuntas irregularidades en la compra del PEP, a raíz del Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna de la Sociedad.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya tenía abierta una causa en la que indagan posibles delitos relacionados con compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de documentación del banco relacionada con esos trámites.

La subsidiaria del banco pagó $70 millones a una sociedad anónima ligada con el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales (2018-2022).