Sugef señala debilidades en proyecto sobre estafas electrónicas y pide someterlo a consulta
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó este martes que detectó graves problemas de diseño en el proyecto de ley sobre estafas electrónicas, los cuales impedirían proteger a los clientes de entidades financieras frente a fraudes.
En un comunicado, la Sugef indicó que reafirma y comparte la urgencia de proteger a los usuarios ante los delitos electrónicos. No obstante, toda política pública responsable debe traducirse en una ley aplicable y coherente con la legislación vigente.
La Superintendencia identificó los siguientes riesgos en el proyecto:
- Traslada las disputas a un mecanismo que puede terminar en tribunales. El texto pretende que la Sugef "valide", en plazos muy reducidos, casos complejos con base en expedientes técnicos elaborados por las entidades financieras, sin establecer un procedimiento claro que garantice un contraste adecuado de las posiciones de ambas partes y de la evidencia correspondiente. Esto puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas.
- Desnaturaliza el rol de la Sugef y tensiona garantías básicas. La Sugef es un ente supervisor prudencial, responsable de velar por la estabilidad y solvencia del sistema financiero. El proyecto le asigna funciones propias de un tribunal o de una instancia de resolución de controversias caso por caso, lo cual es incompatible con las funciones que tiene asignadas por ley. Cuando se traslada a un órgano administrativo una intervención decisiva en disputas patrimoniales individuales, se generan riesgos para el debido proceso y la seguridad jurídica, lo cual suele terminar perjudicando, precisamente, a quien se pretende proteger.
- Puede dejar al usuario en desventaja práctica. Bajo la propuesta actual, una "ratificación" administrativa por parte de la Sugef puede inclinar el curso del caso desde una etapa temprana y aumentar la desigualdad real entre las partes, considerando las diferencias en capacidad técnica y recursos para sostener un proceso.
- Promete más de lo que puede ejecutar. El proyecto promueve una ilusión de seguridad que podría no materializarse, debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para los usuarios. Lo anterior se contrapone a los principios de una política pública responsable.
- Contraviene el marco institucional vigente. La iniciativa le asigna a la Sugef competencias regulatorias que le corresponden al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y atribuciones en materia de controversias individuales que son propias de instancias judiciales. Esta incompatibilidad podría volver la ley más frágil y litigiosa, con mayor riesgo de impugnaciones.
Por la magnitud de los problemas detectados, la Sugef solicitó a la Asamblea Legislativa:
- Suspender el avance del proyecto hacia la aprobación en segundo debate.
- Someter el texto a consulta facultativa ante la Sala Constitucional.
- Corregir las inconsistencias para asegurar una ley efectiva, coherente y jurídicamente sólida.
"La Sugef reitera su disposición a colaborar técnicamente con la Asamblea Legislativa para construir una alternativa realista, implementable y efectiva, que proteja a la ciudadanía sin generar efectos adversos", agregó.
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa y pretende proteger a los consumidores financieros frente a fraudes electrónicos, pero obliga a las entidades financieras a indemnizarlos por las estafas.
La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por los bancos y entidades financieras.