Sindicatos presentan proyecto de ley para descongelar salarios del sector público
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), en conjunto con la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), presentaron este lunes un proyecto de ley para descongelar los salarios del sector público.
La iniciativa, denominada Ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal de Costa Rica, será dada a conocer de manera formal ante las distintas fracciones legislativas.
El proyecto surge como respuesta al prolongado congelamiento de los salarios públicos aplicado desde el año 2020, establecido mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, una medida que, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha provocado una pérdida acumulada cercana al 9,5 % del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del Estado.
Las organizaciones señalaron que el congelamiento de los salarios en el sector público, lejos de fortalecer las finanzas públicas, ha tenido efectos adversos sobre la economía nacional, al debilitar la demanda interna —principal motor del crecimiento económico—, erosionar la base contributiva del Estado y afectar la capacidad institucional para atraer y retener personal calificado en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y justicia.
A su vez, aseguraron que el proyecto consiste en una propuesta enfocada en restablecer la justicia salarial, mantener la sostenibilidad fiscal y proteger el valor real y la competitividad del trabajo público.
"El sacrificio impuesto a las personas trabajadoras del sector público no se ha traducido en una mejora estructural de la relación deuda/PIB ni en una mayor estabilidad fiscal. Por el contrario, ha profundizado la desigualdad, ha debilitado el consumo interno (adquisición de bienes y servicios) y ha afectado la calidad de los servicios públicos", comentaron las organizaciones impulsoras de la iniciativa.
Cambios
La iniciativa plantea restablecer los ajustes salariales por costo de vida, eliminar los congelamientos indefinidos y corregir distorsiones introducidas en la legislación vigente, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, justicia social y sostenibilidad fiscal.
La propuesta se sustenta en criterios técnicos, económicos y jurídicos, incluyendo valoraciones recientes que cuestionan la constitucionalidad de los congelamientos salariales prolongados.
Las organizaciones recalcaron que la iniciativa no promueve un aumento del gasto público, sino una corrección necesaria para evitar que continúe la disminución del valor real de los salarios y, así, contribuir a la reactivación de la economía, fortalecer la recaudación y restablecer el equilibrio entre disciplina fiscal y bienestar social.
Según los sindicatos, distintos criterios técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Sala Constitucional han advertido que los congelamientos salariales de carácter indefinido o sin un límite temporal claro resultan contrarios al derecho al salario digno, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como al principio de no regresividad de los derechos sociales.
Las organizaciones insistieron en que el ordenamiento constitucional costarricense no permite que el ajuste fiscal se realice a costa del deterioro permanente del salario real, y que cualquier medida de contención del gasto debe equilibrarse con la protección efectiva de los derechos laborales y sociales.
