Sindicato del Banco Nacional sigue sin recibir respuestas del Gobierno por cese de directivos
Banco Nacional. (CRH).
El Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana) sigue sin recibir respuestas del Consejo de Gobierno sobre la destitución de la Junta Directiva de la entidad bancaria, ocurrida el miércoles pasado.
Así lo confirmó David Carrera, secretario general de esa organización, quien solicitó el informe que sirvió de base para cesar a los siete directivos.
"La solicitud la planteamos el jueves 29 de mayo y, a la fecha, no hemos recibido respuesta", dijo.
William Sequeira, asesor legal del sindicato, sostuvo que, si no se recibe el documento en el plazo legalmente establecido (10 días hábiles), acudirán a la Sala Constitucional.
"Por ser de carácter público y no estar afecto a ninguna confidencialidad, en respeto al derecho de petición y respuesta, se solicita que nos remitan, en el plazo legalmente establecido, el informe que sirvió de base para dictar el acto de cese del nombramiento de los directivos del Banco Nacional de Costa Rica. Tal como se conoce, estos informes en el sector público dejan de ser confidenciales una vez que se dicta el acto final", recordó Carrera en el oficio SGA-134-2025, remitido a Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno.
Carrera reiteró que Sebana no ha tenido acceso al informe de investigación ni a los fundamentos que motivaron la decisión de destituir a los directores del banco.
Mencionó que el Banco Nacional es una institución pública con carácter de ente autónomo, cuyo funcionamiento se rige por el marco legal costarricense.
"En este contexto, tanto sus trabajadores como los miembros de su órgano de dirección –la Junta Directiva– gozan del derecho a la estabilidad en el cargo, el cual solo puede ser afectado por causa justificada, según lo establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional", señaló.
La Casa Presidencial comunicó el miércoles pasado la destitución de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, tras un cuestionado procedimiento conducido por el primer vicepresidente, Stephan Brunner, que se abrió por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general de la entidad bancaria.