Pulso por regla fiscal: Cómo entenderlo en tres pasos

(CRHoy.com) De un lado de la mesa la Contraloría General de la República y los diputados; del otro lado el Ministerio de Hacienda, el gobierno y todo el ala del oficialismo. El pulso por ver quién tiene la razón en torno a la aplicación de la regla fiscal en el presupuesto de la República cumple ya más de una semana sin que se perciban todavía signos de flaqueza en ninguno de los dos bandos. ¿Quién vencerá?

Para comprender el problema es necesario establecer paso a paso cuál es el origen del problema, cómo nos afecta como país y cuál sería el efecto.

Paso 1: El origen

La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en vigencia desde diciembre de 2018, vino a poner una fuerte cadena a la forma en que planifica y ejecuta sus gastos el gobierno de la República.

Antes no existían limitantes, y los gobiernos podían seguir endeudándose casi sin límites para poder hacer frente a los crecientes gastos, pero a partir del plan fiscal la situación cambió.

Para evitar que esto ocurra se estableció la denominada regla fiscal, pero el problema surgió por la interpretación de lo que establece el artículo 21.

Por un lado el gobierno defiende que se trata de un cálculo sobre presupuestos iniciales o aprobados, pero la Contraloría dice que es sobre los ejecutados. Esto dice el artículo:

El conflicto es cómo interpretar este artículo, el cual habla de la liquidación presupuestaria. 

La liquidación es un documento que se presenta año con año ante la Contraloría y luego al Congreso donde se dice cómo finalmente usó el dinero el gobierno durante el último año.

El gobierno defiende que se trata de liquidaciones lo cual no significa que afecte a la elaboración de los presupuestos y por eso debe utilizar presupuestos iniciales. Pero la Contraloría y diputados afirman que esta elaboración presupuestaria debe realizarse precisamente a partir de esas liquidaciones; es decir, sobre lo ya ejecutado.

Esta divergencia existe incluso entre economistas. Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA) se inclina hacia el bando del Ejecutivo, por lo cual para él es necesaria una interpretación auténtica por parte de los diputados.

"Hay un problema serio de redacción y  esa forma de redactar genera esa doble versión de la ley y cuando hay una doble versión y no hay unanimidad de criterio, entonces la única forma de resolver ese diferendo es presentando una interpretación auténtica", dijo.

Eli Feinzaig fue más directo al cuestionar al Ejecutivo: "la posición del gobierno es comodidosa para seguir ensanchando el déficit fiscal más allá de lo previsto en la reforma fiscal, con lo cual nos vamos a acercar un paso al precipicio".

Paso 2. ¿Por qué se aplica?

La aplicación de la regla fiscal está regulada por varios artículos. Además del 21 que es el que motiva las distintas interpretaciones, existe el artículo 11, que establece en sí cuál es la regla fiscal.

El crecimiento del gasto corriente quedó supeditado a una fórmula matemática en donde confluyen elementos como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el endeudamiento. Entre más endeudado el país y menor crecimiento del PIB, mayor será el tope al crecimiento del gasto.

Según explicó el Ministerio de Hacienda al formular su plan de gastos para este año, el país se encuentra en este momento en la grada 3 de las cuatro establecidas como topes al crecimiento.

Esto significa un máximo de crecimiento del gasto corriente del 4,67%, que se traduce en unos ₡433 mil millones de acuerdo con la Contraloría General de la República.

Sobre la forma en cómo afectará este techo del 4,67% al plan de gastos, también se ha dado una fuerte discusión.

La semana anterior el presidente Carlos Alvarado habló de que aplicarla según la fórmula de la Contraloría significaría literalmente el cierre de instituciones. También se ha hablado de que se cortarían importantes inversiones.

Sin embargo, esto no necesariamente sería así. Según la misma documentación presentada por Hacienda al plantear su presupuesto, la aplicación de la regla fiscal afecta únicamente los gastos corrientes, no así el denominado gasto de capital.

Dentro de la cuenta de gastos corrientes se incluyen el pago de salarios, bienes, servicios, viajes, viáticos, combustibles y todo lo relacionado con la operación administrativa del Estado.

Por su parte, en la cuenta de gastos de capital se incluyen inversiones y transferencias, edificios, vehículos, equipos de cómputo, escuelas, entre otros.

De acuerdo con Feinzaig es falaz "asustar" con que el gobierno va a cerrar si se aplica la regla fiscal conforme la Contraloría indica, pues no se trata ni siquiera de un recorte al presupuesto sino de un límite de crecimiento.

En otras palabras, el gasto corriente siempre crecería en máximo un 4,67%, un porcentaje de crecimiento real si se toma en cuenta que la inflación proyectada no superaría el 3%.

Además quedaría a potestad de Hacienda decidir si una institución llega al tope del 4,67% y otra solo del 1% o el 2%, pues lo importante es que se cumpla el 4,67% a nivel general.

Paso 3: ¿Cuánto significa la regla fiscal?

La diferencia entre aplicar la regla fiscal con base en la interpretación de la Contraloría y la interpretación del Gobierno es de ₡433 mil millones.

Para ponerlo en contexto es necesario compararlo con algunos otros rubros que pueden resultar similares.

Por ejemplo esa diferencia significaría casi el doble de lo que el Ministerio de Hacienda pretende recuperar con superávtis de instituciones para pagar deuda pública: ₡266 mil millones.

La cifra que pretende gastar de más el Ejecutivo prácticamente se comería el monto de aumento en recaudación tributaria del año pasado (₡400 mil millones) o bien sería un poco más que todo lo que tiene estimado para gastos del sector de transporte para este 2020.

 

Mientras la disputa persiste, en el campo del análisis también hay un pulso.

"Si uno les deja ese margen para que el gasto crezca más, van a correr ver de qué manera se lo gastan y entonces no va a haber control del gasto. La única forma de obligarlos a ordenar el gasto es priorizando, si se le abre la llave la prioridad va a ser el carro nuevo para el jefe y no el niño en Tejarcillos que necesita atención social", cuestionó Feinzaig.

"La Contraloría no puede interpretar, aunque quiera no está en su margen de competencias interpretar la ley a su antojo. La Procuraduría y la Sala sí pueden", puntualizó por su parte Vargas.

A nivel legislativo ya se analiza la posibilidad de una interpretación auténtica o bien de tomar otras acciones mediante represalias, como el restar apoyos para iniciativas importantes del gobierno, entre ellas la aprobación de $4.500 millones en eurobonos que Hacienda pide como prioridad para atender pagos de deuda.