Proyecto busca castigar con cárcel el desvío de fondos de pensiones

Organizaciones del Magisterio Nacional y sectores sindicales presentaron este jueves un proyecto de ley de iniciativa ciudadana para cerrar espacios de impunidad en el manejo de recursos públicos, particularmente aquellos destinados a pensiones, obras sociales e infraestructura.

La propuesta plantea una reforma al artículo 356 del Código Penal para establecer penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, cuando se compruebe la malversación de este tipo de fondos.

Durante una conferencia de prensa, la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) expusieron los principales alcances de la iniciativa, así como el contexto histórico que la motiva.

Las organizaciones recordaron que los jubilados del Magisterio Nacional cotizaron de manera obligatoria y continua durante décadas, en muchos casos con aportes significativamente superiores a los de otros regímenes; sin embargo, esos recursos nunca se constituyeron en un fondo de pensiones, sino que fueron utilizados por el Estado para otros fines.

Ante la inexistencia de ese fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a realizarse con cargo al Presupuesto Nacional mediante el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), situación que ha dado pie a recortes, congelamientos y a una narrativa errónea que desconoce el carácter plenamente contributivo de estas pensiones.

Las agrupaciones resaltaron que el desarrollo del capital humano ha sido uno de los principales activos del país, construido a partir de una apuesta histórica por la educación pública y el trabajo del cuerpo docente.

Señalaron que Costa Rica se ubica dentro del grupo de países con desarrollo humano muy alto, según el Índice de Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en parte gracias a los avances en educación desde el siglo pasado.

Asimismo, mencionaron que Costa Rica ocupa el tercer lugar de América Latina y el Caribe en el Índice Global de Oportunidades 2025 del Milken Institute, que evalúa el atractivo de 116 economías para la inversión y el desarrollo, un resultado estrechamente vinculado a la calidad de su recurso humano.

"El país que hoy compite, atrae inversión y se posiciona en indicadores internacionales no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta sostenida por la educación pública. El Magisterio ya cumplió con su responsabilidad y la continúa cumpliendo: cotizó, formó capital humano y sostiene el desarrollo del país. Proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es una condición indispensable para recuperar la confianza en el Estado y evitar que estos abusos se repitan", dijo Miguel Sobrado, presidente de la AJA.

Las organizaciones insistieron en que la iniciativa no responde a una coyuntura electoral, sino a la necesidad de corregir una distorsión histórica y fortalecer la institucionalidad democrática.

A su criterio, sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos es una condición básica para proteger derechos adquiridos, resguardar la inversión social y preservar la confianza ciudadana en un Estado que ha tenido en la educación y en su cuerpo docente uno de los pilares de su desarrollo económico y social.