Proyecto avalado por diputados compromete sostenibilidad del IVM
Caja Costarricense de Seguro Social. (CRH).
Un proyecto de ley, avalado el martes pasado por los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, que permitiría el retiro anticipado de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), también compromete la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada oficialista Ada Acuña, mediante la cual se pretende aumentar las pensiones del IVM para las personas de mayores ingresos; sin embargo, no se define la fuente de financiamiento.
En el texto se incorporó una reforma al artículo 60 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Con el objetivo de facilitar el retiro acelerado del ROPC, esta modificación establece que el monto de la pensión ordinaria no podrá ser inferior al 52,5 % del salario de referencia. Este cambio implicaría una mayor presión financiera para el IVM.
Las autoridades técnicas de la CCSS han advertido públicamente que la sostenibilidad del IVM más bien exige avanzar en la dirección contraria.
Tanto el Comité de Vigilancia del régimen como la Gerencia de Pensiones han señalado que, dadas las condiciones demográficas y financieras actuales, una tasa de reemplazo sostenible debería ubicarse en rangos cercanos al 30 % o 40 %, muy lejos de lo aprobado por la Comisión.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, confirmó que la reforma incluida en el proyecto de ley dictaminado afirmativamente afecta la sostenibilidad del IVM.
"Una situación como la descrita efectivamente tendría un efecto en las finanzas y sostenibilidad del Seguro de IVM, por cuanto cambia el perfil de beneficios del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, donde se encuentra uno de los elementos de solidaridad progresiva del sistema, que otorga un reemplazo del 52,5 % a los asegurados de menores ingresos y paulatinamente va disminuyendo hasta llegar a un 43 % para los de altos salarios", dijo.
Detalló que esto significaría un mayor monto para los futuros pensionados, lo que generaría un mayor gasto que el actual y derivaría en más insuficiencia de recursos respecto de la ya existente, lo que pondría en riesgo la capacidad del sistema de seguir pagando de manera puntual las pensiones de los actuales y futuros beneficiarios.
Además, reiteró que, según la Constitución Política, solo la CCSS, en ejercicio de su autonomía y bajo criterios técnicos actuariales, puede definir las condiciones de otorgamiento de beneficios.
En 2025, el IVM agotó la totalidad de los intereses generados por su reserva y tuvo que recurrir al fondo principal para cubrir obligaciones corrientes, lo que adelantó de forma significativa los escenarios críticos previstos originalmente.