Multas por no aceptar tarjetas comenzarán a regir en julio
Los comerciantes o proveedores de servicios que se nieguen a recibir tarjetas de crédito o débito podrían enfrentar multas por ¢446.200 a partir de este año. Estas sanciones, empero, no se pueden aplicar todavía, sino hasta que comience a regir uno de los capítulos de la reforma fiscal.
La obligación de aceptar medios alternativos de pago (como las tarjetas de crédito y débito u otros medios electrónicos) está consignada en el artículo 4 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (Nº 9416), la cual está vigente desde diciembre del 2016.
Uno de los transitorios de dicha ley estipuló que se darían 24 meses para hacer cumplir esta disposición de ley. Así las cosas, la obligatoriedad de contar con los mecanismos alternativos comenzó en diciembre pasado.
Este cambio afecta a todas las personas, físicas o jurídicas, con actividad lucrativa que presten sus servicios al público. El único requisito es que exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.
Infringir esta disposición, no obstante, no puede ser multado en la actualidad, pues no se creó una penalidad en la ley del 2016.
Será con la entrade en vigencia de uno de los capítulos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635) que se creará la "infracción administrativa por negarse a aceptar, como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito u otros mecanismos de pago, electrónicos o no" para garantizar lo estipulado en la Ley N° 9416.
Esta infracción se sancionará con una multa equivalente a un salario base, que para este 2019 se estableció en ¢446.200.
Quienes quieran denunciar abusos de los comerciantes o proveedores de servicios respecto a la aceptación de tarjetas como medio de pago, deben dirigir sus denuncias a la Dirección General de Tributación.
La obligación y sus sanciones cobraron relevancia esta semana cuando la Cámara de Empresarios del Combustible amenazaron con no aceptar pagos con tarjetas, por un error del Ministerio de Hacienda que provocaba una retención de un porcentaje de las transacciones.
Al final, los empresarios desistieron de la medida tras una corrección del Ministerio de Hacienda en los archivos que aplican las entidades financieras.