Millonarios compromisos del Estado generan preocupación por eventual riesgo fiscal
Solo las demandas obligan a instituciones fuera del gobierno central a requerir más de ¢298 mil millones de presupuesto
(CRHoy.com) Instituciones públicas, municipalidades, ministerios y empresas públicas no financieras, acumulan millonarios compromisos presupuestarios que ya comienzan a ser vistos con cierto recelo por parte de las autoridades financieras y de la propia Contraloría General de la República.
Se trata de los denominados pasivos contingentes. Hacienda los incluye como uno de los riesgos fiscales que puede enfrentar el país y representan eventuales obligaciones del Estado de realizar un pago.
Ocurre por ejemplo por demandas que enfrentan las entidades, ya sea locales o por arbitrajes internacionales. También se incluyen créditos externos que adquieren algunas instituciones, como por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o Acueductos y Alcantarillados (AyA) pero con respaldo del Estado; es decir, si la entidad llega a enfrentar problemas para pagar su deuda, el gobierno está obligado a buscar recursos del presupuesto estatal para hacerles frente.
Todo ello hace que cada entidad deba hacer una previsión en su presupuesto para enfrentar estos pagos, pero no puede tocar esa plata en otras cosas.
Un informe emitido por la Contraloría General de la República esta semana alertó que la forma cómo Hacienda y la Dirección de Crédito Público llevan las cuentas de lo que el Estado debe pagar, no es necesariamente la mejor y presenta debilidades que impiden al país conocer a ciencia cierta el nivel de riesgo que se enfrenta.
De hecho, a la hora de pedir los datos, la Dirección de Crédito Público ni siquiera pudo presentar al ente contralor información sobre los contingentes derivados por obligaciones de las municipalidades, instituciones descentralizadas y empresas públicas:
La falta de claridad y ausencia de un documento que establezca la fuente de información oficial del Ministerio de Hacienda para recopilar y revelar la información de los procesos litigiosos en contra del Estado, causa incertidumbre sobre la razonabilidad de las cifras que los rectores de los subsistemas de Crédito Público y de la Contabilidad Nacional, están utilizando para propósitos de las estadísticas de endeudamiento, así como de los datos incorporados en los estados financieros del Poder Ejecutivo y sus notas.
Dentro de la información que sí otorgó Hacienda a la Contraloría, se tiene que el principal monto en contingentes lo tienen precisamente los ministerios del Poder Ejecutivo producto de procesos litigiosos. Suman ₡967.880 millones.
Adicional a ello, entidades como el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el AyA, entre otros poseen créditos externos que deben ser apalancados con la garantía estatal, en caso de problemas para pagar.
De acuerdo con los datos al 31 de diciembre de 2018, solo los pasivos contingentes del gobierno central suman ₡1.757.408.400.765, repartidos de la siguiente manera:
Debido a que la información anterior era parcial, la Contraloría pidió a instituciones fuera del gobierno central que enviara información de sus contingencias.
De una muestra de 63 instituciones, el ente contralor recibió datos de 25 entidades que reportaron procesos litigiosos en contra por la suma de ¢298.377.450.408, los cuales "podrían eventualmente representar para el gobierno central un contingente implícito, que deba ser analizado como parte de los riesgos fiscales".
De la lista de entidades fuera del gobierno central, con pasivos contingentes, el principal en cuanto a monto es el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) con ₡103.865.249.719, correspondiente a un total de 2.232 casos litigiosos.
En cuanto a municipalidades, la que acumula más casos es la de Osa con 104, aunque por montos reportados la principal es la de Atenas con ₡2.474.185.894.
También se incluye en la lista entidades públicas no financieras y entidades públicas no financieras municipales. Ninguna de ellas fue tomada en cuenta por la Dirección de Crédito Público en su informe, pero que en caso de ser necesario son dineros con respaldo del Estado. Esta es la lista con las principales, a las cuales se les debe sumar nueve órganos desconcentrados con litigios por ¢38.514.842.463.
Según un documento enviado por Crédito Público a la Contraloría, el Ejecutivo se comprometió a elaborar un informe integral sobre los riesgos fiscales identificados – incluyendo los contingentes- el cual se le entregaría a la jerarca de Hacienda Rocío Aguilar en marzo de 2021.
Este documento sería trasladado posteriormente a la Asamblea Legislativa. La nota identificada con el número DCP-0232-20193 indica en relación a aspectos como la garantía de deuda textualmente:
Las garantías de deuda son una fuente de riesgos fiscales. Eventuales incumplimientos del servicio de la deuda por las entidades garantizadas obligarían al gobierno a pagar como deudor solidario. Las garantías se otorgan para asegurar préstamos en mejores condiciones financieras que las que podrían obtener las entidades sin contar con las mismas, o para obtener el préstamo en caso de enfrentar restricciones para esto.
El plan de Hacienda es precisamente arrancar su procesos de análisis identificando los riesgos fiscales que pueden representar las empresas públicas no financieras y las municipalidades que sean más representativas del sector al que pertenecen tanto en sus deudas como en sus procesos de litigios.
Estas mediciones, especialmente en materia de deuda, cobraron mayor importancia a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues con la regla fiscal se imponen topes al crecimiento presupuestario de acuerdo. entre otros aspectos, al nivel de endeudamiento del Estado.