Ley contra la Usura no ha mejorado acceso a crédito, según estudio

Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) rechazó las conclusiones compartidas por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA) sobre presuntos efectos positivos emanados de la entrada en vigencia de la Ley contra la Usura Crediticia.

Sostuvo que no es correcto afirmar que las tasas de intereses para préstamos personales han hecho más asequible el crédito a los consumidores y que las personas que antes de la ley podían tener acceso a un crédito son, en su mayoría, las mismas que ahora lo tienen, el verdadero problema está en aquellas que antes se financiaban sus necesidades con microcréditos y que ahora no tienen acceso a ellos.

"Esas personas que ahora están excluidas siguen sin tener acceso a préstamos de entidades bancarias por su perfil y tipo de negocio a que tienen apetito esas entidades. Igualmente, esos préstamos personales para gente que ya estaba en el sistema, ahora no les prestan a tasas bajas, como antes. Ahora los bancos prestan a tasas máximas de usura, pues necesitan recuperar parte del volumen de préstamos que se les cayó a raíz de la ley. Igualmente, en los casos en que el costo ha disminuido ha sido porque la estimación para incobrables (principal factor de costo) se ha ajustado de acuerdo a las políticas de 'apetito de riesgo' de cada entidad, lo que ha implicado una tasa mayor de rechazo, lo que nos lleva a la exclusión", dijo Mónica Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Asocomi.

Aseguró que las poblaciones que han sido excluidas tienen en común que son sumamente vulnerables y que dependen en alguna medida de acceso a crédito para poder ejecutar planes de inversión, y no tienen la capacidad de ahorro pues viven con gastos justos.

El microcrédito es la herramienta que les habilita realizar inversiones porque se ve como una forma de tener un pago mensual que de otra manera no podrían.

Navarro manifestó que se debe trabajar en una verdadera regulación para las microfinanzas y en normativa que sea adecuada al negocio del microcrédito, sus condiciones particulares y nivel de riesgo.

Agregó que  poner topes sin criterios técnicos y "satanizando" la función del microcrédito ha sido irresponsable y más que ayudar a la población, ha producido una disminución del ofrecimiento de microcréditos, una reducción de las empresas que los ofrecen y la exclusión de las poblaciones más sensibles, como lo son:

• Las mujeres jefas de hogar.
• Las personas que no son bancarizables por su nivel de ingresos o que no tienen historial crediticio.
• Adultos mayores.
• Jóvenes que apenas van a tener su primer experiencia con un crédito.
• Todos aquellos que se encuentran en estados de vulnerabilidad social y económica, como lo son los trabajadores de las zonas rurales y fronteriza.