Informe señala riesgos del retiro anticipado o en un tracto de la pensión complementaria
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
Un informe técnico advierte sobre los riesgos que implicarían los retiros anticipados o en un solo tracto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), como lo plantean diversos proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa.
El criterio fue elaborado por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos del Congreso y dirigido a la Comisión de Asuntos Sociales, en relación con el expediente 24.955, una de las iniciativas para reformar el ROPC impulsada por el diputado independiente Gilberth Jiménez.
El proyecto pretende modificar los artículos 20, 22 y 25 de la Ley de Protección al Trabajador, con el objetivo de democratizar y garantizar a los futuros pensionados que, una vez jubilados —ya sea en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en un régimen público sustituto—, tengan pleno derecho a retirar, en un solo acto, el 100 % de los recursos acumulados en su cuenta individual del ROPC, sin restringir esta posibilidad a condiciones excepcionales, como enfermedades terminales o situaciones graves de salud.
Con ello se plantea ampliar las modalidades de retiro y redefinir el orden de asignación de beneficiarios en caso de fallecimiento del afiliado.
Advertencias
El informe destaca varias razones por las cuales el retiro masivo, anticipado o en un solo tracto del ROPC —diseñado como una pensión complementaria al régimen básico— resultaría perjudicial.
1. Es una pensión para la vejez, no un ahorro
Según criterios reiterados de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la aprobación de estas reformas implicaría riesgos para la seguridad económica de las personas durante su vejez.
Los recursos acumulados durante la etapa de cotización en los regímenes de capitalización individual constituyen un factor de protección social para la población adulta mayor, y su objetivo es que se extiendan durante el mayor tiempo posible, ya que, conforme aumenta la esperanza de vida, también crece la vulnerabilidad de los pensionados.
El ROPC surgió como una política pública para asegurar la estabilidad económica del trabajador durante su jubilación.
Este régimen se financia con aportes equivalentes al 4,25 % del salario reportado en las planillas de la CCSS: de ese porcentaje, un 1 % corresponde al trabajador y el resto al patrono.
2. Las personas que lo retiraron en pandemia, una mayoría lo gastó en un año o menos
El criterio legislativo también señala que, según la Supén, la última encuesta nacional sobre el uso de los recursos del ROPC por parte de personas pensionadas que hicieron retiros totales —realizada en septiembre de 2020— mostró que los fondos se destinaron principalmente a mejoras de vivienda, gastos ordinarios, pago de deudas y gastos médicos, entre otros rubros.
En cuanto al tiempo de utilización de estos recursos, el estudio determinó que el 54 % se consumió en un año o menos, y el 85 % en menos de tres años.
3. Afectaría la rentabilidad de las operadoras y los rendimientos de las personas que no lo retiren
Además de la desprotección económica durante la vejez por la ausencia de recursos para financiarla, el retiro de estos fondos tendría efectos sobre el sistema financiero costarricense y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Los recursos del ROPC constituyen ahorro de largo plazo que se invierte mayoritariamente en instrumentos del mercado financiero.
De acuerdo con la Superintendencia, un retiro anticipado podría obligar a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) a liquidar inversiones de forma acelerada, muchas de ellas en instrumentos de mediano y largo plazo.
Esto generaría presiones de liquidez y posibles ventas forzadas, con impacto en los precios de los activos, mayor volatilidad en los mercados locales y afectación de los rendimientos.
A nivel sistémico, una liquidación masiva podría provocar pérdidas financieras reales y reducir los rendimientos de los afiliados, al tiempo que comprometería una de las principales fuentes de ahorro nacional, con más de ¢13,9 billones invertidos en instrumentos financieros —en su mayoría de mediano y largo plazo—, según datos a diciembre de 2025.
Experiencias en países como Perú y Chile evidencian las consecuencias negativas de permitir retiros anticipados y masivos de fondos de pensiones.
En Perú, tras ocho retiros aprobados entre 2019 y 2025, los ahorros de los cotizantes se redujeron de $52.254 millones a cerca de $22.000 millones, dejando al 80 % de los afiliados del sistema de capitalización individual con cuentas vacías.
En Chile, los tres retiros realizados durante la pandemia disminuyeron el saldo de los hombres en un 24,3 % y el de las mujeres en un 33,3 %. Para recuperar los montos previos, ambos tendrían que cotizar durante 5,6 y 6,3 años adicionales, respectivamente.