Informe contratado por BCR SAFI incluyó predios “fantasma” en Parque del Pacífico
Un informe pericial encargado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) para justificar la compra del Parque Empresarial del Pacífico en $70 millones, incluyó predios "fantasma" valorados en $17 millones que no existían físicamente en el terreno.
Dicha anomalía fue incluida en la denuncia inicial que desencadenó la investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sobre la compra del parque con un presunto sobreprecio y respaldada por el exgerente financiero de BCR SAFI Laureano Verzola en la comisión legislativa que investiga el caso.
El exfuncionario relató que, durante una visita realizada a inicios de 2021, comentó a Marco Carbajal —quien figura como investigado y en ese momento se desempeñaba como supervisor de Ingeniería de la SAFI— que no lograba identificar los 400.000 metros cuadrados de predios que, según los documentos de la negociación, formaban parte del proyecto.
Esa situación, aseguró, encendió sus primeras alertas sobre la operación. "Uno podía intuir que había algunas cosas adicionales que no estaban bien", manifestó.
Denuncias en el 2021
Verzola indicó que en agosto de 2021 decidió comunicar lo que consideró irregularidades que podrían constituir una estafa contra la SAFI.
Primero trasladó la información a la auditoría interna por medio de llamadas, correos electrónicos y mensajes, y luego notificó a sus superiores. Meses después, la entidad lo despidió tras tramitar denuncias por supuesto acoso en su contra.
Dos aspectos llamaron especialmente su atención: el pago de $17 millones por terrenos que no existían y contratos de arrendamiento que generaban cerca de $450.000 mensuales, sin que existiera garantía de ocupación completa.
Es decir, sin la incorporación de esos espacios, la subsidiaria hubiera pagado $53 millones por el inmueble y no $70 millones.
El informe
De acuerdo con el informe de valoración, dos arquitectos valuadores del Grupo Ingenio AIC, de apellidos Chinchilla y Arce, prepararon el estudio a solicitud de la SAFI.
En el documento consignaron que el PEP contaba con cerca de 400.000 metros cuadrados destinados a predios, a los que asignaron un valor aproximado de $17,3 millones.
El documento al que tuvo acceso CR Hoy también detalla la existencia de unos 27.000 metros cuadrados de bodegas o naves industriales, además de otros 26.000 metros cuadrados destinados a servicios complementarios dentro del complejo.
El informe pericial describe que el área prevista para predios tenía una superficie de lastre compactado con capacidad de resistencia de hasta 45 toneladas por metro cuadrado.
Compra a exdiputado
La compra del inmueble se concretó con el Grupo HVC, relacionado con el exdiputado Humberto Vargas Corrales y varias de sus sociedades.
De acuerdo con lo expuesto en la investigación, ese grupo había adquirido previamente la propiedad por unos $16 millones y meses después la vendió al fondo administrado por la SAFI.
Otros documentos técnicos revisados dentro del proceso señalan que el parque empresarial no estaba concluido y mantenía varios pendientes constructivos, información que posteriormente fue corroborada por otras personas que figuran como testigos en la causa.
La Fapta sostiene que esas condiciones no quedaron reflejadas de forma clara en la documentación que respaldó la aprobación de la compra. A la fecha, algunos de esos aspectos continúan sin resolverse.
Laureano Verzola, exgerente financiero de BCR SAFI. Foto: Asamblea Legislativa
Informe y precio inflado
La SAFI pagó $70 millones por el PEP, pero avalúos posteriores confirmaron el año pasado que su valor real rondaba los $28 millones, lo que evidenció un sobreprecio cercano a $42 millones.
Dos años después de la adquisición, otro peritaje externo estimó que el PEP tenía un valor de $46.595.009. En menos de 24 meses, los inversionistas registraron pérdidas cercanas a $22 millones.
La empresa GeoInn Geospatial Innovations también concluyó en otro informe que, entre setiembre y octubre de 2019, prácticamente no existían estructuras construidas en el inmueble.
Para la Fiscalía, ese hallazgo refuerza la hipótesis de una valoración aparentemente falsa del proyecto realizada por funcionarios de BCR SAFI S.A.
Otro informe elaborado por el Grupo Tecno indicó además que el terreno no era completamente aprovechable. Áreas protegidas y quebradas que suman 60.133 metros cuadrados no fueron reportadas por la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI ni por Grupo Ingenio AIC S.A. en sus estudios.
"(…) existe una diferencia en los predios utilizables, pero que además, inicialmente a los 399.000 m2 de predios que se habrían estimado de manera fraudulenta -y que se tomaron en cuenta para la compra-, se les brindo un precio de $19 950 000, contra $1 780 580 que se otorgó a los 89.029 m2 utilizables como predios que fueron identificados por Grupo Tecno", dice el informe que analiza la Fiscalía.
Esta situación forma parte de las ventas de inmuebles realizadas por sociedades anónimas vinculadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales. Él, su hijo, dos socios y varios exfuncionarios del BCR figuran como investigados por presuntos hechos ilícitos que habrían permitido a la organización obtener alrededor de $92 millones.