Industriales objetan aumento de tarifas propuesto por Japdeva
Terminal Gastón Kogan de Japdeva. (Cortesía).
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) manifestó este viernes su oposición a la propuesta de aumento de tarifas ordinarias presentada por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Según el sector industrial, el planteamiento presenta debilidades metodológicas, inconsistencias internas y alzas desproporcionadas que afectarían la competitividad del país, por lo que solicitó al ente regulador no aprobar la solicitud.
La CICR recordó que los servicios portuarios constituyen un componente esencial de la estructura logística nacional, por lo que cualquier incremento tarifario se traslada directamente a los costos de importación y exportación, lo que impacta la operación de las empresas y, en consecuencia, los costos de los productos que se venden en el país, la generación de empleo y el bienestar de los costarricenses.
Sergio Capón, presidente de la CICR, aseguró que la competitividad de las empresas es clave para el desarrollo del país.
"Aumentos tarifarios de esta magnitud, sin una justificación técnica robusta ni un análisis de impacto económico claro, en un contexto económico nacional e internacional como el actual, terminan afectando la capacidad de las empresas para competir, invertir y generar empleo", advirtió.
Un análisis técnico realizado por la Cámara identificó múltiples debilidades:
- Ausencia de una relación clara entre costos y tarifas.
- Uso de supuestos sin sustento verificable.
- Inconsistencias en la asignación de costos.
- Ausencia de un análisis de eficiencia que permita evitar el traslado de ineficiencias al usuario final.
Los industriales advirtieron que los incrementos planteados en algunos servicios superan el 50%; otros, el 100%, e incluso hay aumentos mayores al 1.000%, sin que exista una justificación proporcional a su impacto.
Adicionalmente, la Cámara señaló que el proceso de ajuste tarifario presenta debilidades en su desarrollo, entre ellas múltiples modificaciones sustanciales en la propuesta original, requerimientos reiterados de información técnica y la cancelación de una audiencia pública.