¡Increíble! Estado gasta más en incentivos que en el pago de salarios

Los incentivos salariales del sector público representan la partida más grande dentro de los gastos previstos para salarios en los presupuestos de este año; es decir, se paga más en incentivos que "salarios base".  Además son las subpartidas que más crecen.

Del monto total que el sector público espera desembolsar este año, unos ¢5,8 billones (millones de millones), un 40,8% corresponde a los incentivos; una magnitud superior a las propias remuneraciones básicas que representan un 37,1%. Un 22,1 % adicional se distribuye entre contribuciones patronales al seguro de salud, fondos de pensiones y otras remuneraciones.

Así los resaltó la Contraloría General de la República en su informe sobre Presupuestos Públicos del 2017, divulgado este jueves.

En ente supervisor también hizo hincapié en que la retribución por años servidos (anualidades) y los otros incentivos salariales son los rubros de mayor peso y variación respecto a los presupuestos del 2016, con incrementos del 6,9% y 5,2%, respectivamente.

Esto se da mientras la masa total de salarios, crece en una cifra menor (4%).

Según la Contraloría a nivel institucional hay diferencias aún más marcadas. En la Junta de Protección Social, por ejemplo, el presupuesto de incentivos asciende a ¢6.901 millones, mientras que las remuneraciones básicas es de ¢2.970 millones, más del doble que el promedio del resto del sector público. Situaciones similares se dan en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)

"Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país", cita el informe.

El documento afirma que las anualidades absorben gran parte de los incentivos, sin que necesariamente impliquen un desempeño óptimo del funcionario.

De acuerdo con información del sistema Integra, cerca del 80% de los funcionarios dentro de este sistema se ubican a más de 5 años de la edad de jubilación, por lo que es de esperar que el comportamiento de la partida se mantenga creciente en ausencia de reformas importantes.

Sumado a lo anterior, al no existir un sistema único, sino la coexistencia de múltiples regímenes de acuerdo a la naturaleza de la institución, pertenencia al Régimen de Servicio Civil, si opera en competencia, u otros, se han generado brechas importantes dentro del propio sector público, y en muchos casos no existen criterios de proporcionalidad o racionalidad.

Muestra de ello es la diferencia en los porcentajes de anualidad, que en algunas instituciones se estableció en un 5,5% del salario base (caso de la UCR), o incluso podrían alcanzar el 6% como en el TEC, o bien un 1,94% como en el INA.

En algunos casos, no existe tope de anualidades. Otros incentivos como la dedicación exclusiva también acusan diferencias importantes: se paga un 20% del salario base para profesionales con el nivel de bachillerato en entidades como el AyA, CNFL, Recope, mientras que en la CCSS este porcentaje asciende al 35%. La cantidad de incentivos a pagar también varía entre instituciones; dentro del Gobierno Central se contabilizan 68 remuneraciones adicionales al salario base en el MEP, 15 en el Ministerio de la Presidencia, 7 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y únicamente 4 en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La Contraloría también plasmó una preocupación por la manera en que se financian esos gastos en salarios, pues en muchos casos provienen de transferencias del Gobierno, el cual enfrenta dificultades fiscales.

"Otro aspecto sumamente relevante en la discusión sobre las remuneraciones tiene que ver con el financiamiento de estas. Evidentemente, algunas instituciones –por su naturaleza– tienen una estructura de gasto donde el peso más grande viene dado por las remuneraciones, tal es el caso de entidades como el MEP, la CCSS, o las universidades públicas; no obstante, muchas instituciones públicas se financian a través de transferencias corrientes del Gobierno Central; o en caso de pertenecer a este, absorben un porcentaje importante de los ingresos corrientes", advierte el informe.

Festín de incentivos

Según el ente contralor,  grupo institucional, los montos más grandes a incentivos se destinan en el Gobierno Central y en las Instituciones Descentralizadas no empresariales, donde además estas últimas son el grupo que proporcionalmente gasta más en incentivos salariales que en remuneraciones básicas, con una relación de 1,37, es decir, por cada ¢1 en remuneraciones básicas se tiene previsto gastar ¢1,37 colones en incentivos; mientras que para el sector público como un todo esta relación es de 1,1.

Además, de forma casi generalizada, desde 2010 todos los grupos institucionales han incrementado la proporción de los incentivos salariales respecto de las remuneraciones básicas, con la única excepción de las Instituciones Públicas Financieras (banca estatal y el INS), grupo donde varias instituciones han optado por el salario único como régimen salarial.

Para ese año esta relación era inferior a 1 (es decir, el gasto en remuneraciones básicas era superior que el de incentivos) para las Empresas Públicas no financieras, el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y los Órganos Desconcentrados; en 2017 únicamente los Órganos Desconcentrados y las Instituciones Públicas Financieras presupuestaron más en remuneraciones básicas que en incentivos salariales, quedando en evidencia que los incentivos corresponden al componente de mayor crecimiento vegetativo dentro de la partida.