Fiscalía investiga actuar del Comité de Inversiones del BCR en compra del Parque del Pacífico

La actuación de los funcionarios que participaron como miembros del Comité de Inversiones del Banco de Costa Rica (BCR) en el proceso de compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en febrero del 2020, por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) de la Sociedad de Fondos de Inversión (BCR SAFI), están bajo la lupa del Ministerio Público (MP).

Los cuestionamientos fueron incorporados en informe de Relación de Hechos que la junta directiva de la SAFI que se presentó este lunes a la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sobre posibles actos irregularidades que se habrían suscitado en la adquisición del inmueble ubicado en Esparza, Puntarenas.

La Fapta confirmó que recibió la denuncia, la cual se maneja contra ignorado, misma que de momento se desconoce si será incorporada en el expediente 21-000209-1218-PE que ya tenía en curso el ente acusador.

En esa causa investiga la presunta compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de equipo electrónico del BCR donde pudo almacenarse información relacionada con el negocio pactado con los antiguos dueños del PEP, por lo que ahora los fiscales deberán definir si se incorporan estos hechos novedosos del informe de auditoría o se procesan en un nuevo expediente.

En una entrevista con crhoy, directivos de la SAFI confirmaron que las decisiones que tomó el Comité de Inversiones del banco son parte de lo que se abordó en el documento que solicita al MP ahondar para conocer si hubo algún tipo de omisión.

"La denuncia se presenta con la relación de hechos y se presentan los documentos y le compete al Ministerio Público ya con base en eso indagar, recuerden también que el Ministerio Público ya hace algunos años, ellos también han estado haciendo sus indagaciones por otra parte. El informe de auditoría también revisó las actuaciones del Comité de Inversión. Eso está puesto en la denuncia también el resultado de la indagación que hizo la Auditoría Interna en ese informe", dijo Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico de la Sociedad

El informe F1-1074-23, efectuado por la Unidad de Fraude Interno de la Unidad de Investigaciones del Banco de Costa Rica (BCR), como parte de la investigación desarrollada para determinar la responsabilidad de los altos mandos de la entidad en supuestos hechos irregulares que se relacionan con situaciones acontecidas después de la compra del PEP, sugiere que otros funcionarios deben ser investigados penalmente, debido a que pudieron incurrir en incumplimiento de deberes.

Sáenz dijo que desconoce los alcances de esta documentación, pues se manejaron por aparte y competen exclusivamente a la directiva del banco y no de la sociedad.

Adquisiciones en revisión

Según Sáenz, el informe está acompañado también de otros de control interno como parte del cuestionamiento y mejoramiento de sus prácticas y procesos. Una de esas acciones que se tomó fue la revisión de todos los inmuebles que compró la SAFI en los últimos años, tal como lo dio a conocer este medio el pasado 26 de julio, debido a que se denunció posibles fallos del Comité de Vigilancia.

"Como parte de ese proceso de mejora del control interno se solicita una revisión de la compra de todos los inmuebles, esa revisión está en proceso y como está en proceso no nos podemos referir al detalle, pero efectivamente a la auditoría interna se le pide que revise los procesos de compra para poder eventualmente detectar si hay una brecha entre las reglas que debían respetarse y lo que se hizo", explicó Cuenca.

Esto surgió luego de que se diera a conocer que la Fiscalía recibiera un informe por parte de la Unidad de Investigación Interna del BCR, en el que se cuestiona que la SAFI compró 10 propiedades supuestamente pagando sobreprecios, con la particularidad que todas fueron negociadas con sociedades anónimas vinculadas con el exdiputado del PUSC Humberto Vargas Corrales (2018-2022).

Una de esas propiedades es el PEP, que según la documentación aportada al MP, la sociedad ligada al exlegislador adquirió ese terreno en $16 millones y luego se lo vendió a la FIIND en $70,9 millones, siendo que los avalúos posteriores que se hacen anualmente demostraron la caída del precio hasta llegar a $28,9 millones en el 2024.

Dicha pérdida de $42 millones en cuestión de 4 años ha generado mucha molestia en quienes invirtieron su dinero en el fondo y han exigido que se recupere por medio de venta de activos, acciones que se empezaron a ejecutar recientemente.

A eso se suma que hace un mes, la Fiscalía también acogió como prueba un informe de la Unidad de Investigación Interna del BCR, donde se logró determinar que no solo el PEP se habría comprado con sobreprecio, sino 10 propiedades en total, por las cuales se habría pagado $92 millones de más sumando el valor real inicial de cada una de las fincas.

Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR, en los que en apariencia el banco pagó $92 millones en sobreprecios, también figuran otros lotes ubicados en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios de estos terrenos.

A esto se suma la investigación que se hace de los contratos de los primeros inquilinos que tuvo el PEP, información que fue incorporada en el informe de relación de hechos elaborado por la Auditoría Interna del banco, con lo recopilado de marzo a diciembre del 2021 en un informe parcial cuando se recibieron las primeras denuncias.

"En el informe de auditoría, entre los hechos que se analizan están la compra que incluye también los contratos de los de los participantes que hay ahí. (…) Cuando un fondo de inversión compra un activo, debería de estar como mínimo 95% arrendado, entonces cuando se compró el parque había unos contratos de arriendo y todos esos contratos fueron investigados en el informe de relación de hechos presentado", explicó Douglas Montero, gerente de BCR SAFI.

En ese momento se autorizó la contratación de asesoría legal, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas para poder elaborar el informe, mismo que finalmente se entregó finalizado 32 meses como prueba ante el órgano acusador.

Tardaron casi 3 años

Desde que la Unidad de Investigación interna conoció las primeras denuncias en marzo del 2021 se abrió un expediente en el banco para indagar sobre las presuntas irregularidades que pudieron mediar en la compra del PEP y en diciembre se elaboró el primer informe parcial por parte de la Auditoría Interna, por lo que se tomó la decisión de contratar asesoría legal, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas para contar con respaldos técnicos.

Posteriormente, en junio 2022 se hizo una revisión de contratos y adendas para determinar la existencia de rentas garantizadas y reevisión de contrato de garantía de salida anticipada, así como el levantamiento topográfico con equipo de precisión satelital y un vuelo fotogramétrico.

Entre setiembre y octubre del mismo año se realizó una valoración pericial y financiera para conocer el valor estimado del PEP de forma retrospectiva a febrero 2022, así como la revisión del contrato de Fideicomiso de Garantía.

Fue hasta junio del 2023 cuando la Auditoría entregó el informe final de Relación de Hechos a la directiva de BCR SAFI y un mes después despidieron se despide sin responsabilidad patronal al entonces gerente general a.i., al supervisor de ingeniería; a un ingeniero y a la Gerente de Negocios y Proyectos a.i.

Un mes después se ordenó una colaboración activa con el Ministerio Público en todas las investigaciones relacionadas con el PEP y al mismo tiempo se solicitó un nuevo avalúo del parque.

Este año en febrero, se hizo el registro del nuevo valor en libros ($28 millones) y en julio se presentó ante la Fiscalía del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) de la empresa valuadora Grupo Ingenio AIC S.A. y dos de sus arquitectos en cuanto al componente pericial de las valoraciones, por sus actuaciones y supuestas omisiones.

Luis Emilio Cuenca Botey, presidente de la directiva de la SAFI, justificó todo este tiempo transcurrido como parte del proceso legal que se tiene que respetar para no interferir en la investigación paralela que ya había iniciado en la Fiscalía y poder plantear un documento robusto para presentarlo antes las autoridades judiciales.