Estudio propone pensión básica para todos costeada por el Estado
Edgar Robles, en estudio para la Academia de Centroamérica, propone migrar a un sistema donde pensión solidaria universal se complemente con otra administrada por la Caja y que se nutriría de los aportes del trabajador
(CRHoy.com).- Una pensión básica igual a la línea de pobreza costeada por el Estado para todos los costarricenses, la reducción de cargas sociales para incentivar la formalización en el empleo y una pensión adicional que pagaría la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) bajo el sistema de reparto, con base en cuentas nocionales.
Los ingredientes anteriores son parte de una receta que se propone el economista Edgar Robles en el estudio "El sistema de pensiones en Costa Rica y sus desafíos" para rescatar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Robles, ex superintendente general de Pensiones, quien redactó el estudio para la Academia de Centroamérica, afirmó en el mismo que si el país quiere adecuar el régimen IVM no puede transitar por la vía del aumento en las cotizaciones, del aumento en la edad para pensionarse o en cambiar la pensión.
En su lugar, el experto propone que la pensión mínima para toda la población, que costearía el Estado, se complemente con una pensión ordinal, basada en las contribuciones que hace los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
"Esta propuesta se sostiene con cuentas nocionales que son cuentas individualizadas, dentro de un régimen de reparto administrado por la Caja y que recojan los aportes del cotizante y sus rendimientos generados, calculados a un determinado tipo de interés. En el momento de la jubilación, el cotizante recibe una pensión de su fondo nocional acumulado de la esperanza de vida vida", argumentó.
Esa reforma, agregó Robles, permitiría eliminar los subsidios sin echar por tierra el principio de solidaridad que impera en el sistema de seguridad social costarricense.
Es necesario reducir la cotización actual
Para el economista, su propuesta se debe combinar con el esfuerzo de reducir el nivel de cotización actual. El efecto que tendría esto sería el aumento en el número de cotizantes, el aumento del empleo formal, al tener las empresas que pagar menos cargas.
Según el informe, es posible financiar vía impuestos directos la pensión mínima universal que se propone. Esto porque las cargas excesivas que existen hoy sobre el salario que disparan los costos de las empresas, les restan competitividad y afecta al alza los precios de sus productos.
"Esta pensión (mínima solidaria y universal) sería capaz de eliminar la pobreza en vejez (…). También se deberá evitar establecer un tope de pensión máximo para no incentivar a las personas de altos ingresos a salirse del sistema", estimó el experto en su estudio.
La clave de la reforma que plantea Robles es integrar el sistema contributivo y el no contributivo de pensión para que sea sostenible y para evitar que se den casos de pobreza durante la vejez.
"Es definir el costo de la formalidad en el sistema, porque al lado de las cuotas de la Caja de Seguro se cobran muchas cargas sociales que no tienen nada que ver con el asalariado", agregó el investigador.
Hasta ahora el país ha elegido la ruta que Robles recomienda evitar para fortalecer el régimen del IVM: aumentar la tasa de cotización. Sin embargo, hasta ahora esas acciones no han evitado que haya advertencias sobre los riesgos de desfinanciamiento de las pensiones futuras.
El pasado 10 de diciembre el actual superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, dijo en el programa "Enfoques" de CRHoy.com que urge rediseñar el IVM a la luz del último estudio actuarial sobre la situación de ese régimen.
Sus resultados revelaron que para el 2030 los aportes más intereses de la reserva del IVM serían insuficientes y que para el 2037 se agotaría la reserva. Los actuarios, agregó la Caja, señalaron que mientras la población de pensionados crece de forma más acelerada que la población de afiliados al IVM.
En el mismo programa de este diario digital el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, afirmó que la discusión sobre el futuro del financiamiento de las pensiones del IVM debe iniciar por tarde en el 2020.
"Nuestra propuesta es un sistema solidario administrado por la Caja, pero cada uno con una pensión de acuerdo con lo que cotizó. Las cotizaciones que se hicieron marcan la diferencia de cada uno. La propuesta es que todos recibamos una pensión base, basada por ejemplo en la línea de pobreza. A la gente que tiene más le cobran impuesto sobre la renta en esa pensión y los que no tienen tanto, no les aplican rebaja", agregó Edgar Robles.
Acciones necesarias
En el esquema que él propone es importante echar a andar tres acciones. Para implementar las cuentas nocionales, la administración de la Caja, a criterio del investigador, debe empezar por ordenar las cargas sociales para trasladarlas a impuestos generales, lo cual implica reformas a normativas, medida que queda en manos del Congreso.
Después, la Caja debería de adoptar el sistema de cuentas nocionales y, finalmente, crear la estructura de un sistema que garantice una pensión a todo adulto mayor. Robles es claro en que estas decisiones no pueden esperar, pues el país aún está a tiempo de salvar su régimen de pensiones más importante.
El estudio determinó que el país solo la mitad de las personas mayores de 65 años de edad reciben una pensión, al tiempo que ese grupo de la población es el que más sufre la incidencia de la pobreza y, en el caso de las personas mayores a 80 años, la incidencia de la pobreza incluso se duplica.
La investigación además abordó la situación de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto de la República. Sobre este particular, el estudio concluyó que queda poco margen para controlar todavía más este gasto que realiza el Gobierno, debido a la creación en los últimos años de las contribuciones solidarias que gravan a las pensiones conocidas como de lujo.
Otros aspectos que limitan tocar aún más ese tipo de pensiones, según Robles, son los convenios internacionales suscritos por el país, los fallos de los Tribunales de Justicia y el establecimiento de topes a las nuevas pensiones.
El IVM fue creado en 1943. Se denomina un régimen de reparto pues la reserva no es suficiente para el pago de las pensiones y el régimen depende del recaudo de las cotizaciones para hacerle frente a los compromisos adquiridos con sus pensionados. Al 31 de diciembre del 2018 la reserva de inversiones del IVM era menor a los ¢2 billones.
El cociente de reserva del régimen se ha venido deteriorando, indica el estudio de Edgar Robles. En 1980 con la reserva se podían pagar hasta 7 años de pensiones otorgadas. Empero, el indicador muestra un deterioro en la solvencia del sistema. La caída está relacionada con el número de pensionados en relación con el incremento en el número de aportantes.
