Estas son las 6 instituciones que más dinero se llevan por remuneraciones y pluses

(CRHoy.com) El Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja del Seguro Social (CCSS), Poder Judicial, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), son las seis instituciones que se llevan el 66,7% del gasto del gobierno por pago de remuneraciones y pluses.

En términos monetarios el desglose es el siguiente: MEP ¢720.054 millones o 24,8%; CCSS ¢660.736 millones o 22,8%, Poder Judicial ¢184.588 millones o 6,4%;  ICE ¢167.993 millones o 5,8%, UCR ¢112.819 millones o 3,9% y el MSP ¢90.783 millones o 3,1%.

El 33,3% restante se distribuye en las demás instituciones del sector público costarricense.

Los datos se desprenden del informe de la Contraloría General de la República, el cual arroja datos destacados de las finanzas públicas nacionales.

Al primer semestre de 2019, el gasto estatal en remuneraciones del sector público es de ¢2,90 billones, lo que representa una ejecución de 45,9% y un 2,5% de incremento en relación con el gasto ejecutado al mismo semestre de 2018 (¢2,83 billones).

 Las remuneraciones son el salario retribuido al personal permanente y transitorio de cada institución.

Comprende incentivos derivados de éste, como aguinaldo o la anualidad, así como gastos por concepto de dietas, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.

La composición de las remuneraciones según subpartida de gasto no presenta mayores variaciones en su estructura, aunque se observa una tendencia a la baja en el comportamiento al primer semestre de 2019: 2,5% de crecimiento versus 5,5% al primer semestre de 2018.

"Las remuneraciones se muestran desaceleradas con una tasa de crecimiento del 2,8%; pero se prevé un mayor crecimiento en el segundo semestre, producto del pago pendiente de los incentivos salariales", dijo Julissa Saenz, gerente de administración financiera de la Contraloría.

Pluses e incentivos con peso excesivo

Mucho se ha hablado entorno a qué tanto pesan los incentivos y los pluses en el gasto del gobierno, pues los datos que brinda la Contraloría no dejan lugar a apelaciones.

Los incentivos salariales representan un gasto de ¢1,15 billones durante los primeros seis meses de 2019 y las remuneraciones básicas un monto de ¢1,08 billones. 

Ambas subpartidas comprenden el 76,6%  del gasto en remuneraciones.

El salario escolar (5,5%), el aguinaldo (3,1%) y otros incentivos salariales son los que más crecieron de forma porcentual con corte al 30 de junio; en esta última subpartida se incorporan una serie de retribuciones adicionales como el zonaje, la peligrosidad, confidencialidad, discrecionalidad, incentivos gerenciales, entre otros.

"El tema de los incentivos en el sector público es algo que hoy en día no se puede hacer nada porque están plasmados en convenciones colectivas, lo que hay que hacer es pensar en una ley de empleo público que reformule las convenciones para las nuevas contrataciones, de tal forma que en el mediano y largo plazo la presión en el presupuesto nacional sea mucho más armonioza (…) en estos momentos se arrastra una herencia en el tema de las convenciones colectivas, las cuales siguen estando vigentes y aquellas que están trabajando en el sector público no se les puede remover ese tipo de remuneraciones, solo en las anualidades que se está haciendo esa excepción, de acuerdo con la ley 9635", explicó Daniel Suchar, economista y profesor universitario.

Falta control

"La forma de cálculo de muchos incentivos salariales -vinculados al salario base- hace que estos aumenten a tasas más altas que el propio salario base y de esa forma pasa de ser una retribución adicional a representar un porción importante del salario", mencionó la Contraloría en su informe.

Para frenar esta problemática, la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluye un apartado para moderar el crecimiento de estos incentivos.

Con esta legislación se bajan los porcentajes de reconocimiento de la dedicación exclusiva y la prohibición para funcionarios de nuevo ingreso, además, se ajusta el reconocimiento de la anualidad futura a un monto nominal fijo.

La Contraloría indicó que al analizar la proporción que representan los incentivos salariales en relación con el salario base, se siguen observando disparidades, dado que en algunas instituciones esta relación es más del doble.

Por ejemplo, en el caso de la Junta de Protección Social por cada ¢100.000 de salario base, se gastaron ¢238.128 en incentivos, ¢214.971 en el ICT, ¢209.173 en la UCR y ¢203.539 en Recope.

¿Qué se está haciendo para cambiar?

Aunado a lo que se pueda hacer desde la aplicación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda aplica otras acciones para reducir el gasto en estas categorías, por ejemplo: el desarrollo de 2 módulos para facilitar a los usuarios de recursos humanos la gestión del traslado de componentes porcentuales a valores nominales.

Estos ajustes tienen que ver con el reconocimiento del aumento anual, el tope a salarios mayores a ¢4 millones  y la dedicación exclusiva.

Asimismo, un gran aliado para el gobierno sería la aplicación del proyecto de empleo público, el cual va a regular el tema de las remuneraciones en el sector público y que incluye las siguientes disposiciones:

Rectoría. Designación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) como rector en materia de empleo público.

Ámbito de aplicación. Se ponen en marcha las modificaciones salariales para la Administración central, comprendida por los tres poderes del Estado, sus dependencias, y los órganos auxiliares, así como su aplicación a la Administración descentralizada.

Dedicación exclusiva. Se rebaja la compensación económica desde 55% hasta 25%, sobre el salario base, a los servidores con el nivel de licenciatura u otro grado académico superior, y de 30% a 10% a los profesionales con bachiller universitario. En caso de que un funcionario ostente más de una profesión, la dedicación exclusiva aplica únicamente para aquella en la que se haya firmado el contrato respectivo.

Prohibición. Se ajustó esta compensación económica a un 15%, sobre el salario base, a los profesionales en el nivel de bachiller universitario (antes 30%), y a un 30% a los servidores en el nivel de licenciatura u otro grado académico superior (anteriormente alcanzaba hasta 65%).

Anualidades. Se ajusta el incentivo a un monto nominal fijo para cada escala salarial equivalente al 1,94% del salario base de enero 2018 a los niveles profesionales, y de 2,54% para no profesionales. Con ello se pretende moderar el crecimiento de este rubro de gasto.

Evaluación de desempeño. Se vincula el pago de anualidad a una evaluación anual de desempeño a los funcionarios, como parámetro de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios brindados.

Regulación. Cualquier otro incentivo económico será expresado únicamente como monto nominal fijo sobre el salario base de enero 2018. Se limita la creación de nuevas compensaciones para que estas se realicen por medio de iniciativa de ley.

Incentivos por carrera profesional. Se reconocen, exclusivamente, aquellos grados académicos que no sean requisitos para el puesto. Los nuevos puntos en este rubro son reconocidos salarialmente por un máximo de cinco años.