¿Es buena idea que Gobierno invierta ¢12.000 millones más contra la pobreza?

(CRHoy.com).- Casa Presidencial pretende destinar ¢12.000 millones más al año para financiar programas de combate contra la pobreza. Los recursos saldrán del recorte a las pensiones de lujo. El cambio de destino del dinero requiere que el Gobierno envíe un proyecto de ley al Parlamento.

Desde ya, varias voces políticas y técnicas cuestionan las intenciones del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el contexto actual de las finanzas públicas, en el que impera el elevado pago de intereses por la deuda adquirida por el Gobierno para financiar sus gastos corrientes y por la ineficacia de los programas sociales ya existentes para reducir la pobreza.

El economista Eli Feinzaig, fundador del Partido Liberal Progresista, opinó que carece de sentido inyectarle ¢12.000 millones más al año a programas sociales como Avancemos, Hogares Conectados, Crecemos y el régimen no contributivo de pensiones cuando el Poder Ejecutivo ya hace un enorme esfuerzo económico para nutrir a las instituciones sociales sin que hasta ahora se haya logrado el efecto de reducir la pobreza.

Según él, los hechos demuestran que no es por falta de financiamiento que el combate a la pobreza ha fracasado, sino, por un esquema que desde su concepción fue diseñado para fracasar en esa tarea.

Agregó que una prueba de la urgencia de reformar la institucionalidad del sector social antes de inyectarle más dinero es el proyecto de ley C.E.R.R.A.R. que presentó Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuando fue diputado en el periodo 2014-2018, y que los actuales congresistas enviaron al archivo. Solís proponía ponerle un candado al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para disminuir la burocracia que consume gran cantidad de los recursos del presupuesto para el sector social.

"Como decisión de política pública es incorrecta. Si queremos hacer algo por disminuir la pobreza en primer lugar deberíamos de reformar por completo el sector, la institucionalidad, volverla más eficiente y de ahí vamos a poder sacar muchísimo más que ¢12.000 millones para los destinatarios de las ayudas", subrayó.

El problema fiscal sigue vivo

El pretendido aumento del gasto en el sector social denota, según Feinzaig, que el Gobierno no tiene interés o perdió el norte de resolver el problema fiscal de fondo que enfrenta y que no se ha podido resolver a pesar de la aprobación de una reforma fiscal de calado en diciembre del 2018.

Esto porque el nivel de endeudamiento público es tan severo que se está "comiendo" los ingresos que el Gobierno ganó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

"Si cada vez que logramos un ahorro en gastos lo destinamos para gastarlo en otra cosa, en vez de para amortizar la deuda, entonces no hemos resuelto el fondo del problema, que es el nivel de endeudamiento", recalcó.

Una manera que Feinzaig sugiere para aprovechar mejor los ¢12.000 millones de los que el Gobierno quiere disponer es destinarlos a reducir la carga que implica para los trabajadores y los patronos los aportes que deben hacer a entidades como Fodesaf, IMAS e INA, los cuales considera como impuestos encubiertos que le restan competitividad al mercado de empleo y son un lastre para la reactivación económica.

"Deberíamos de reducir esos aportes para facilitar la generación de empleo y aprovechar el ahorro para tapar el hueco. A mi gusto, esa hubiera sido una forma muchísimo más eficiente de lograr el objetivo", amplió.

 

La gran pregunta: ¿Existen esos recursos?

Silvia Hernández, economista y diputada, quien actualmente lidera a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), se cuestionó si los recursos que el Gobierno pretende redistribuir para el combate a la pobreza existen.

Agregó que aunque ¢12.000 millones es una cifra insignificante desde la perspectiva de la situación macro del país, pueden hacer la diferencia en el combate a la pobreza si se usan bien.

Lo importante para la legisladora es que si el Congreso llegase a aprobar el proyecto de ley se rindan cuentas sobre la efectividad alcanzada en el uso de esos recursos.

Con base en estudios recientes, Hernández consideró que lo mejor sería garantizar que todo ahorro que logre el Gobierno se destine a pagar las pensiones contributivas, por ser este el gasto social más eficiente y con menores filtraciones de beneficiarios que no necesitan de esa ayuda estatal, según investigaciones.

"La pregunta es si esos recursos ‘existen' cuando el país tiene un déficit (…).  Más que discutir si hay que recortar a diestra y siniestra, el tema es saber en qué recortar, cómo gastar bien y reducir en donde se manifiesta el problema de fondo costarricense que, en mi opinión, está en malos manejos del gasto público, exoneraciones, beneficios públicos, entre otros", consideró.

Por otra parte, la diputada cuestionó que el Ejecutivo pretenda destinar parte de los recursos que generará el ahorro en pensiones de lujo para financiar el programa Hogares Conectados, pues este ya cuenta con un flujo de dinero que proviene del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

"Existen cálculos que señalan que si se quisiera complementar el ingreso de las familias en extrema pobreza, es decir, darles una transferencia monetaria para que alcancen el ingreso para que no sean considerados como pobres extremos, se requerían  ¢73 mil millones anuales (…). Mi posición personal sobre estos temas es que en materia de políticas distributivas y sociales, aunque como siempre hay que ser fiscalmente responsable, hay que encontrar mecanismos para tratar de mejorar la situación actual", zanjó.

En el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza alcanzó a un 21% de la población y la pobreza extrema a un 5,8%. Es decir, que la pobreza total en Costa Rica fue de un 26,8%, más de un cuarto de la población.

Para plantarle cara a ese flagelo, este año el Gobierno dispondrá de un presupuesto por el orden de los ¢1.580.458 millones (más de ¢1,5 billones) para protección social.

En su Informe Técnico sobre el Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico 2020, la Contraloría General de la República (CGR) destacó que la sostenibilidad de largo plazo de los servicios sociales que brinda el Gobierno a través de su política pública requiere de un Estado financieramente sólido y alertó de que los déficits presupuestarios que aqueja Costa Rica "atentan contra la capacidad de brindar estos servicios en la cantidad y calidad adecuadas, afectando así a la población en condición de vulnerabilidad".