Empresarios rechazan proyecto sobre contaminación con botellas plásticas

(Imagen con fines ilustrativos).

El sector empresarial costarricense expresó este martes su rechazo al proyecto de ley que busca declarar las botellas de plástico de un solo uso como residuos de manejo especial.

Según distintas cámaras empresariales, la iniciativa constituye un retroceso normativo y ambiental de alto impacto, carece de mayor valor jurídico y no resulta eficaz para la debida gestión de los residuos de botellas plásticas en el país.

En una correspondencia enviada recientemente a los jefes de las bancadas legislativas y a diputados independientes, los presidentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (AmCham), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara de Detallistas, la Asociación Costarricense de la Industria Plástica y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) solicitaron el rechazo de dicha iniciativa.

Argumentaron que contradice de manera directa la ley vigente para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, la cual se encuentra en proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud.

El sector empresarial recordó que esa normativa fue adoptada para regular de manera integral la gestión de envases plásticos de un solo uso y que su implementación avanza dentro del marco institucional establecido.

"En ese contexto, crear una normativa paralela sobre la misma materia no solo es innecesario, sino perjudicial, al introducir duplicidad regulatoria, vacíos operativos y mayores cargas burocráticas sin aportar beneficios ambientales comprobables", señalaron.

Cuestionamientos

Las cámaras y asociaciones detallaron los siguientes puntos críticos:

• El proyecto no aporta valor jurídico ni ambiental: repite lo ya establecido por la ley vigente y genera duplicidad e inseguridad normativa.
• Propone metas de recuperación de desechos plásticos arbitrarias, sin base técnica, económica ni operativa.
• Impone sanciones desproporcionadas y técnicamente deficientes, contrariando principios legislativos básicos e incorporando las bases para que se constituya como delito el incumplimiento de las metas de recuperación por parte de productores y comerciantes.
• Debilita la normativa vigente al eliminar la opción del uso de resina reciclada, una herramienta clave de reutilización, con lo cual retrocede en la protección ambiental.
• Genera obligaciones incompatibles para los regulados, lo que hace inviable la coexistencia de ambas normas.
• Aumenta la burocracia innecesariamente y encarece el cumplimiento, sin beneficios ambientales claros.
• Dispersa competencias y debilita la gobernanza ambiental al crear un sistema paralelo y confuso.
• Desarmoniza con la legislación vigente sobre residuos de manejo especial y contradice criterios legales actuales.
• Fomenta la informalidad, un menor cumplimiento y litigios, lo que afecta la seguridad jurídica, la inversión y el empleo, sin mejoras ambientales comprobadas.

Los productores y comerciantes hicieron un llamado de atención y señalaron a los diputados que, cuando ya existe una ley vigente que puede perfeccionarse mediante su respectiva reglamentación, la aprobación de otra normativa que regule exactamente los mismos aspectos no solo resulta innecesaria, sino que representa un retroceso en el fortalecimiento del Estado de derecho.

"En lugar de aportar claridad y eficiencia, la coexistencia de dos leyes sobre la misma materia genera confusión, duplicidad normativa y pone en riesgo la seguridad jurídica", subrayaron.

Por ello, afirmaron que la decisión más responsable y coherente con la protección del marco jurídico y ambiental vigente es proceder con el archivo de dicho proyecto y enfocar todos los esfuerzos institucionales en la correcta aplicación, el cumplimiento y el fortalecimiento de la ley vigente, optimizando sus mecanismos y estándares en beneficio del país.