Empresarios piden cambios en operación de puertos nacionales
(CRHoy.com) El sector empresarial del país solicitó al Poder Ejecutivo una serie de cambios en la operación de los puertos nacionales de Moín, en Limón y Caldera, en Puntarenas.
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) aseguró que en Caldera y Limón "se presentan situaciones insostenibles" para las empresas, sobre todo, por los altísimos costos de los procesos administrativos, sus trámites y requisitos.
El sector productivo dijo que la crisis de costos altos por el contexto mundial y el hackeo de los sistemas del Ministerio de Hacienda, dejó al desnudo, problemas estructurales que ya existían.
Puntualmente, los empresarios abogaron por 4 temas para ser atendidos en los puertos:
- Reconocimiento de los certificados de laboratorios aprobados por las autoridades competentes del país de origen.
- Infraestructura de laboratorios en los puertos 24/7.
- Replantear el procedimiento de recolección de muestras, siendo esta exclusiva en el puerto y no en el almacén fiscal, así como tomar muestras en la empresa, bajo ciertas características de control de riesgos y toma de muestras con protocolo para el regente profesional, que ya algunas empresas tienen para el tratamiento de la inspección en planta.
- Restablecimiento de las declaraciones anticipadas por parte de la autoridad aduanera.
"Estas son reformas a procesos administrativos, no a normativas. Son medidas que no alteran las obligaciones del Estado y que, con voluntad política y coordinación estratégica entre ministerios, ayudarían a reducir enormemente los costos de producción y, sobre todo, a proteger a nuestros trabajadores y a no empeorar el costo de vida de las familias costarricenses", indicó Juan Ignacio Pérez, presidente de CACIA.
Los industriales de alimentos plantearon otros temas que atender al Poder Ejecutivo, entre ellos la reducción del costo de la vida, eliminación de barreras de acceso a materias primas industriales y eliminación de los cuellos de botella regulatorios.
"Estas son reformas a procesos administrativos, no a normativas. Son medidas que no alteran las obligaciones del Estado y que, con voluntad política y coordinación estratégica entre ministerios, ayudarían a reducir enormemente los costos de producción y, sobre todo, a proteger a nuestros trabajadores y a no empeorar el costo de vida de las familias costarricenses", indicó Pérez.
