Economía Social Solidaria no seduce ni a cooperativistas ni empresarios
No hay razón para crear más institucionalidad, afirman cooperativistas
Polémico y cercano al Gobernante, el diputado Víctor Morales Zapata es la cara del proyecto de ley sobre Economía Social Solidaria.
El diputado Víctor Morales Zapata -del Partido Acción Ciudadana y quien pareciera estar siempre en medio de la polémica- es la cara visible de una iniciativa que pocos terminan de comprender, algunos critican y otros elogian, pero que le mete más oleaje al ya de por sí agitado mar del cooperativismo costarricense.
Mientras la dividida dirigencia del movimiento cooperativo debiera plantearse grandes retos con miras al mediano y largo plazo, Morales Zapata impulsa un proyecto para otorgar marco jurídico a todas las expresiones productivas –entre ellas las cooperativas- para que puedan ser reconocidas formalmente y puedan recibir el impulso estatal.
La discusión del proyecto apenas empieza y algunos diputados sienten que ha faltado información sobre la llamada Ley de Economía Social Solidaria. Por el momento, en algún sector empresarial hay preocupación y en el seno del cooperativismo saltan las dudas.
¿De qué se trata?
Morales Zapata -quien a pesar de los pesares sigue en el círculo íntimo del Presidente Luis Guillermo Solís- explica que la ley buscará el reconocimiento de la economía social solidaria (ESS) por parte del Estado para hacer a sus organizaciones sujetos de las políticas públicas, tal y como lo son hoy otros sectores económicos del país.
"En Costa Rica –aduce el diputado- existen marcos jurídicos para la mayoría de esas expresiones productivas, pero es preciso que sean reconocidas en el entramado público como actores que luchen juntos contra la pobreza, reduciendo así brechas de desigualdad a través de la creación y defensa del empleo".
La idea consiste –en pocas palabras- en darle cédula de identidad a esas expresiones productivas.
Con una ley de Economía Social Solidaria se beneficiaría a pequeñas cooperativas agrícolas, dicen sus impulsores.
En la actualidad, aunque existen muchas leyes que a lo largo del tiempo han ido regulando el funcionamiento de organizaciones que en realidad forman parte de la ESS, el sector como tal no es reconocido formalmente, "lo que dificulta en la práctica el impulso del Estado a este tipo de actividad económica por medio de políticas públicas".
El empleo en la mira
Morales sostiene que esta ley permitirá la creación de empleos decentes, y combatiría la inestabilidad laboral y la exclusión de los desempleados con baja cualificación, que es la población con mayores dificultades para insertarse laboralmente.
La creación de empleos es la forma más sana, digna y permanente para reducir la pobreza y la Economía Social Solidaria bien podría ser -a juicio del diputado del PAC- una contraparte privada del Estado, un complemento en los esfuerzos por generar empleo en algunos sectores económicos menos dinámicos, donde la empresa tradicional no tiene interés porque genera un rédito "poco atractivo".
La Ley Marco crearía el Consejo Nacional de Economía Social Solidaria (CONAESS) cuyos miembros formularán y evaluarán las políticas públicas y estrategias tanto de fomento como promoción de la ESS. Estaría constituido por tres representantes del Poder Ejecutivo y diez de la ESS.
Actualmente funciona CANAESS, la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, con miembros como CoopeGuanacaste, CoopeTarrazú, CoopeSantos, CoopeAgri, Asociación de Desarrollo de la Zona Alta de Cartago. Es un ente privado con autonomía empresarial y productiva.
"Este proyecto cuenta hoy día con el apoyo de la mayoría de las empresas cooperativas dinamizadoras", garantiza Víctor Morales.
Dudas y desconocimiento
Las dudas afloran dentro del sector privado, diputados de la Asamblea Legislativa y en el mismo seno del movimiento cooperativo.
El diputado cristiano Mario Redondo sostiene que hay temores de que lo que se está intentando es favorecer una competencia desleal hacia otros grupos y que se esté favoreciendo a la informalidad.
"Puede ser que en algún momento se requieran reformas legales; el tema es cómo encausarlos" refiere, al señalar que por ahora es fundamental despejar preocupaciones y buscar algunas acciones que permitan encontrar consenso legislativo para poder aprobar la ley.
Juan Marín, legislador del Partido Liberación Nacional, se declara a favor de la iniciativa y expresa que el proyecto está actualmente en construcción y que entre más se discuta más fácil será llegar a un texto viable.
A juicio de Marín, en el movimiento cooperativo hay una fuerte estructura que lo acompaña, pero que existe otro sector de organizaciones pequeñas que no tienen fuentes de financiamiento, acceso a recursos y a estructuras de educación y capacitación. "Y para ello estamos armando esta ley que le otorgaría un marco jurídico a estructuras que ya existen", advierte.
Dentro del sector cooperativo, Rómulo León, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, manifiesta que el proyecto está muy distante de cumplir con el fortalecimiento cooperativo, ya que no aporta nada sustancial para favorecer el desarrollo de la economía social, y en el caso particular del movimiento cooperativo más bien pretende suspender, suplantar y sustraer competencias de instituciones que en este momento son la estructura del movimiento cooperativo.
"En el caso particular del sector autogestionario, podemos decir que el señor Morales Zapata cuando ha tenido oportunidad de fortalecer a este que es el sector más frágil del movimiento cooperativo, ha hecho todo lo contrario, tanto en su función como presidente del Infocoop en el pasado y actualmente en su condición diputado".
Desde Conacoop se reclama apoyo para el sector agroindustrial.
Óscar Campos, director de Conacoop, sostiene un criterio similar al de León. Lo que se debe hacer es enfocarse en fortalecer al sector agrícola de este país que vive uno de los momentos más difíciles de su historia; dice que es preciso y urgente monetizar al menos con 100 millones de dólares del Banco Central y fortalecer al Infocoop para la capitalización del movimiento cooperativo.
Jorge Pattoni, quien fuera gerente de la Cooperativa Dos Pinos por más de 15 años, manifiesta que no hay razón para elaborar una nueva institucionalidad, ni se necesita impulsar nuevas iniciativas. "A mí me parece que incentivando y apoyando a los entes cooperativos y asumiendo una política de Estado en esa dirección es más que suficiente. Aquí hay sectores muy importantes de la producción, tanto agrícola como artesanal, que podrían convertirse en cooperativas; es cuestión nada más de voluntad política" subraya.
Freddy González, secretario ejecutivo de Conacoop, adversa el proyecto y sostiene que en el movimiento cooperativo deben dejarse las cosas así como están, pero que se debe crecer en temas como las infocomunicaciones, los servicios tecnológicos, en el sector ahorro y crédito, el tema fitosanitario, el de los adultos mayores que necesitan servicios especializados, la juventud y la mujer para integrarla más activamente al movimiento.
Navas, por su parte, ve con simpatía el proyecto pero que le preocupa su posible financiación. Sobre los pasos a dar en el futuro, cree necesario tenderle la mano a las cooperativas en algunos sectores agrícolas o agroindustriales, porque productos como el café se venden en saco y el negocio queda en los grandes comercializadores internacionales.
Por el momento, no hay tierra fértil para esta iniciativa, y no solo porque no se comprenda a cabalidad su razón de ser sino porque las luchas intestinas del cooperativismo enturbian las aguas del diálogo y la negociación.
Y desde los marcos dorados de sus retratos, don Juanito Mora, Manuel Francisco, Lico, Jiménez, el General Volio, Rafael Angel Calderón Guardia, Rodrigo Facio, Luis Alberto Monge, se preguntarán si así era el modelo cooperativo que anhelaron.