Coprocom ordena investigar si constructoras han incurrido en prácticas anticompetitivas

(CRHoy.com)  La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) investigará si las principales constructoras de obras públicas viales en el país han incurrido en prácticas anticompetitivas y si estas son sancionables mediante la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor.

La decisión fue una orden emitida por el Órgano Superior de la comisión en la sesión efectuada el 21 de junio, y comunicada este miércoles.

"Tratándose de conductas que se llevan a cabo en la clandestinidad, detectarlas requiere recursos suficientes. Aún con esas limitaciones la Coprocom ha emitido guías para que las entidades del Estado contribuyan a prevenirlas y detectarlas, actualmente tenemos prevista dentro de nuestra hoja de ruta la actualización de la Guía y Manual para Detectar Licitaciones Colusorias, además se han brindado múltiples capacitaciones a los mayores compradores del Estado, incluido el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sobre los enormes perjuicios que ocasionan este tipo de prácticas, y ha sancionado varios acuerdos colusorios en licitaciones públicas, que involucran a más de una docena de empresas", dijo Guillermo Roías, presidente de la Coprocom.

"Los acuerdos entre las empresas para repartirse las contrataciones públicas, también llamadas licitaciones colusorias, tienen como fin obtener mayores ganancias y manipular los procesos de compra pública (concursos), perjudicando con ello al Estado que termina pagando precios más altos que en una situación en la cual las empresas sí compitieran, y a la ciudadanía que igualmente termina pagando sobreprecios en bienes y servicios.

Este tipo de conductas se llegan a sancionar con cárcel en países como Estados Unidos, México, España, Colombia y Chile.

Sin embargo de acuerdo con la Coprocom en Costa Rica se aplican multas que pueden llegar a ser del 10% de los ingresos de las empresas infractoras. También pueden ser inhabilitadas para participar en contrataciones públicas hasta por 10 años.

La entidad señaló que en la reforma legal de 2012 se le dieron mayores facultades a la Coprocom para investigar este tipo de casos, pero que a la fecha no se le han otorgado los recursos financieros para la compra de equipo técnico y la contratación de personal necesario para llevar a cabo las investigaciones.