Contraloría revela desigualdad en acceso de ciudadanos a créditos en entidades públicas

Contraloría General de la República. (CRH).

La Contraloría General de la República (CGR) reveló desigualdad en el acceso de los ciudadanos a créditos en distintas entidades públicas.

Así lo determinó en un análisis sobre la gestión crediticia financiada con recursos públicos en 17 entes y órganos que otorgan créditos de desarrollo a ciudadanos y mipymes, en el cual se identificaron deficiencias originadas en la fragmentación del sistema y en la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectivas.

Esta desarticulación provoca, al menos, cuatro problemas críticos en el uso de los recursos públicos, evidenciados en los datos de 2024 y 2025.

"Las situaciones detectadas comprometen la sostenibilidad de estos fondos y limitan el acceso ciudadano al impacto social e inclusividad que busca el sistema", señala la entidad fiscalizadora.

Instituciones analizadas

Los entes y órganos incluidos en este estudio son: Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape); Corporación Arrocera Nacional (Conarroz); Corporación Bananera Nacional (Corbana); los Fideicomisos n.º 955 para el cultivo de palma aceitera y para los productores de piña; Fondo de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme); Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade); Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); fondos especiales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP Bienestar, Fondo Especial para el Desarrollo, Fondo Especial de Vivienda); Instituto de Desarrollo Rural (Inder); Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop); Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur); y Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesupt).

Resultados

• Falta de focalización: los recursos no llegan prioritariamente a quienes más los necesitan, lo que revela una profunda desigualdad. El 10 % de los beneficiarios con mayores ingresos concentra el 19,6 % del monto total de los créditos.
• Ausencia de controles en el otorgamiento de créditos: el 31,1 % de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el 28,8 % no lo está en el Ministerio de Hacienda. Esta informalidad debilita la trazabilidad e incrementa el riesgo de legitimación de capitales.
• Duplicidad y concentración de créditos: la falta de un sistema de información crediticia integrado ha permitido que tan solo 10 beneficiarios acaparen 684 operaciones crediticias por un monto de ¢6.434 millones. Este patrón demuestra que el sistema tiende a recircular fondos entre unos pocos, distorsionando la distribución equitativa y limitando severamente su impacto social.
• Insostenibilidad financiera del sistema crediticio: la morosidad promedio del sistema (5,53 %) duplica el estándar bancario (cercano al 3 %). Este alto nivel de riesgo, agravado por las condonaciones de deuda, pone en peligro la sostenibilidad de los fondos para futuros proyectos sociales y productivos.