Contraloría improbó presupuestos de 13 entidades públicas
Imagen ilustrativa Contraloría General de la República. Archivo.
La Contraloría General de la República informó que para el ejercicio del 2018 improbó totalmente los presupuestos de 13 entidades, por un monto que supera los ¢52.225 millones.
Dentro de las principales razones de improbación destacan elementos comunes, como la morosidad con la CCSS e incumplimiento en el monto asignado al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entre otros.
Además, llamó la atención sobre las situaciones financieras que presentan instituciones como el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Consejo Nacional de Concesiones y el Sistema de Emergencias 9-1-1.
Las entidades que recibieron una improbación fueron:
Al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Sistema de Emergencias 911, la Municipalidad de San Mateo y la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica (Fecaproba), se les imprueba su presupuesto inicial de ¢14.694 millones, ¢4.101 millones, ¢1.321 millones y ¢285 millones respectivamente, por realizar un aporte menor al determinado por ley para el FCL.
Senasa incorporó un 11% menos que el establecido, el Sistema de Emergencias 9-1-1 omitió un 42,3% de los fondos correspondientes, la Municipalidad de San Mateo excluyó el 11,4% y Fecaproba presupuestó únicamente un 50,3% del total.
Respecto al Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la improbación de su presupuesto inicial de ¢6.671 millones y ¢6.610 millones respectivamente, se fundamenta en el incumplimiento del decreto que especifica la responsabilidad de detallar los ingresos y egresos anuales; para ambas entidades los ingresos estimados no son suficientes para finiquitar las actividades del año.
El presupuesto inicial del Banco Crédito Agrícola de Cartago por un monto de ¢5.950 millones; fue improbado dado que un 47,9% del total de ingresos proyectados corresponden a rendimientos netos sobre títulos valores que serán incorporados en el Fideicomiso de Administración de la Cartera de Activos del banco, sin embargo este no ha sido adjudicado y carece de base legal para ser incorporado como parte de los ingresos presupuestados; además, se imprueban las transferencias, dado que el cálculo de estas es metodológicamente incorrecto.
La improbación del presupuesto del Colegio Universitario de Cartago por ¢4.686 millones se debió a que la institución no suministró la información requerida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el Banco Central, en el tiempo correspondiente para realizar dicho trámite.
Para la Municipalidad de Matina el motivo de la improbación de su presupuesto de ¢3.875 millones se fundamenta en que la entidad no presupuesta los salarios de los últimos dos meses para los trabajadores que desempeñan labores administrativos, como resultado de la escasez de los ingresos proyectados por la institución.
El presupuesto de la Municipalidad de Coto Brus por ¢3.736 millones se imprueba, por cuanto el presupuesto presentado ante el Órgano Contralor difiere al aprobado anteriormente por el Concejo Municipal.
El presupuesto del Patronato Nacional de Ciegos por ¢196 millones se imprueba por cuanto el Plan Anual Operativo carece de firmeza al no contar con el visto bueno de la Junta Administrativa.
El presupuesto inicial tanto de la Federación de Municipalidades de la Región del Sur de la Provincia de Puntarenas (Fedemsur) como de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua reciben la improbación de su presupuesto inicial de ¢30 millones y ¢13 millones respectivamente, como resultado de su estado moratorio en lo que respecta a las cuotas patronales y obreras con la Caja Costarricense del Seguro Social, la primera adeudando ¢3,5 millones al 1° de noviembre de 2017 y la segunda ¢314.007 al 27 de octubre del mismo año.
Agravamiento fiscal
Según la Contraloría, en el 2018 continuará el agravamiento del desequilibrio y la tendencia a la insostenibilidad fiscal del Gobierno Central por lo que resulta del todo impostergable tomar medidas orientadas a controlar el gasto corriente.
El déficit financiero presupuestado del Gobierno Central alcanza el 7,4% del PIB, aunque se espera sea inferior dada la subejecución presupuestaria.
El déficit financiero del Sector Público en el presupuesto inicial de 2018 alcanzaría el 12,29% del PIB, aun cuando en la ejecución ha resultado por encima del 5%. Así, el resto del sector público contribuye muy poco al déficit fiscal, no obstante su financiación gravita sobre el Gobierno Central en una proporción importante.
"Para este año es necesario un control estricto del gasto primario del Gobierno Central, en especial de las transferencias al sector descentralizado, que tuvieron aumentos considerables en el 2017 y siguen una tendencia insostenible", señala el informe.
La Contraloría General recibió un total de 283 presupuestos. Además de los improbados, 167 recibieron aprobación y 103 aprobación parcial.