Contraloría detecta alto riesgo y morosidad en entes que dan préstamos

La Contraloría General de la República (CGR) detectó debilidades en la gestión crediticia de entidades y órganos no supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Así lo revela un informe de la entidad fiscalizadora sobre la gestión de entidades no supervisadas que prestan dinero a personas, pequeñas empresas, agricultores y estudiantes en vulnerabilidad.

"Dichos entes no supervisados desempeñan un rol clave en la inclusión financiera, no obstante, el informe revela deficiencias que afectan su eficiencia y sostenibilidad, como por ejemplo: una inadecuada gestión de riesgos, deficiencias en la selección de beneficiarios, y altos niveles de morosidad, entre otros", señala la CGR.

Las instituciones, fondos y fideicomisos públicos que realizan gestión crediticia y no pertenecen al sector financiero supervisado son muy importantes para la economía y el bienestar del país, según destaca la Contraloría.

Al final de 2023, esos entes y órganos prestaron más de ¢814.000 millones a casi 63.000 personas y empresas. Eso es relevante porque esos beneficiarios, muchas veces, no pueden acceder a préstamos en el sistema bancario.

La CGR realizó un análisis de las prácticas e indicadores financieros de gestión crediticia en 14 entes y órganos no supervisados.

Para ello, se utilizaron las respuestas proporcionadas por cada uno a través de un instrumento específico que tenía dos aspectos de autoevaluación alrededor de: a) prácticas de gestión crediticia y b) indicadores financieros y otra información cuantitativa.

Hallazgos

Humberto Perera, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría, detalló que el estudio determinó que en promedio esos entes y órganos se encuentran en un nivel básico de gestión crediticia y solo tres alcanzaron un nivel intermedio.

El 78,6% de entidades y órganos estudiados se encuentra en un nivel básico. Estos son los siguientes:

• Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
• Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
• Fideicomiso Inder para la compra y readecuación de deudas de los micro, pequeños y medianos productores de piña.
• Fideicomiso de administración de cartera crédito número 955, Ministerio de Hacienda-Banco de Costa Rica (BCR).
• Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
• Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica de Puntarenas (Faesupt).
• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu).
• Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
• Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
• Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).

En un nivel intermedio solo se ubica un 21,4% de los entes y órganos no supervisados incluidos en el estudio. Estos son los siguientes:

• Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
• Corporación Bananera Nacional (Corbana).
• Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fodemipyme).

Según el estudio, únicamente el 38,8% implementa prácticas efectivas de gestión de riesgos.

Además, se hallaron deficiencias en la selección de beneficiarios. Falta de criterios específicos, así como de valoraciones posteriores. Solo 50% de instituciones verifican duplicidades.

El análisis también detectó altos niveles de morosidad. La débil gestión de cobros afecta la viabilidad financiera de los programas.

Asimismo, se encontró una desalineación estratégica. Solo el 35,7%  de las entidades y órganos estudiadas integra las políticas crediticias con los objetivos a largo plazo.

Se identificaron áreas de mejora como la selección de beneficiarios, la prevención de duplicidades y una gestión integral de riesgos que garantice la calidad de las carteras crediticias y su sostenibilidad en el largo plazo.

"Resulta necesario fortalecer la normativa y estandarizar procesos para mejorar la sostenibilidad financiera, así como promover una gestión por resultados y transparencia en esas entidades y órganos de manera que logren contribuir al desarrollo social y económico del país en sectores clave como la educación, vivienda, agricultura, promoción de pequeñas y medianas empresas, así como la ejecución de proyectos de desarrollo municipal", amplió Perera.