Comerciantes proponen un pacto de desarrollo nacional
Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CRH).
Los representantes de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) propusieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, impulsar un pacto para el desarrollo nacional, con el propósito de realizar un trabajo conjunto para que Costa Rica ofrezca las condiciones necesarias para su crecimiento.
Las tres propuestas están relacionadas con:
- Reducir la informalidad
- Comercio Ilícito
- Compras públicas
Avanzar en estas tres áreas es primordial, aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Yolanda Fernández.
Ella dijo que en el tema de la informalidad, la problemática es que incide en empleos de mala calidad, remuneraciones menores al salario mínimo y poca estabilidad para los trabajadores.
Asimismo, desde el punto de vista económico, restringe el acceso a créditos y mercados, limitando el crecimiento potencial de las empresas.
Actualmente, 825 mil personas trabajan en la informalidad, lo que representa el 41% del total de ocupados, asimismo, el costo a la Seguridad Social por esta problemática ronda los ₡212.000 millones en cuotas obrero patronales dejadas de percibir.
La Cámara de Comercio elaboró un proyecto de ley bajo el nombre "Fomento de nuevas empresas a la formalidad". La propuesta tiene como objetivo dotar de facilidades, crear incentivos fiscales y no fiscales, así como exoneraciones temporales a las cargas sociales, con el fin de que las nuevas empresas y emprendedores, superen los principales obstáculos económicos y trámites que les dificulta e impide iniciar sus operaciones dentro del ámbito formal.
En cuanto al tema del comercio ilícito, actualmente el país pierde hasta $100 millones cada año en ingresos fiscales por el contrabando.
Con respecto a las compras públicas, la agrupación ve necesaria y urgente la adopción del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) que generaría grandes ahorros al país.
Además, esa integración aportaría mayor transparencia que beneficiaría la eficiencia en las instituciones públicas y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas al fomentar mayor participación.