Bienes de 18.300 sociedades permanecen en un limbo legal

Desde que se creó la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, 266.000 sociedades anónimas fueron disueltas por quedar en estado de inactividad.  De acuerdo con el Registro Nacional, unas 18.300 de estas poseen bienes inscritos a su nombre. De no aprovechar el período de gracia otorgado hasta el 15 de diciembre próximo para revivirlas, ese patrimonio quedará en un limbo.

Kevin Castro, de la firma de abogados Central Law, recordó que en el 2017 con la Ley 9428, se reactivó la sanción a las personas jurídicas que no cancelan sus impuestos por al menos tres períodos consecutivos.

"Hablamos de sociedades anónimas que tienen activos, cuentas bancarias, contratos y efectos con terceros que en estos momentos carecen de representación. Están en un limbo porque la persona jurídica no puede vender, traspasar, hipotecar o prendar (…) no puede realizar efecto alguno con sus bienes", explicó Castro.

Mediante el transitorio denominado Ley Lázaro (9485), que entró en vigencia en octubre pasado, se abrió la posibilidad a las sociedades para que cancelen sus impuestos sin pago de multas; publiquen un edicto para informar sobre la pretensión de revivir la sociedad; y acudan a un notario público para formalizar el acto. Eso allanará el camino para luego disponer de los bienes.

Vence el plazo

El 15 de diciembre se vence el plazo para pagar los impuestos sin multas e intereses. Mientras que hasta el 15 de enero los socios tienen tiempo para presentar la escritura de cese de disolución de la sociedad.

De no revivir la sociedad, los interesados tendrán que abrir luego un proceso de liquidación, que demandará el nombramiento de un liquidador y  abrir un proceso de devolución de los aportes de cada uno de los socios.

"Es un proceso mucho más costoso, engorroso, y demandará más tiempo. Hay que tomar en cuenta que, en aquellas sociedades con múltiples socios, el proceso va a generar disputas y desacuerdos. No todos los socios podrían estar en comunión sobre cómo vamos a repartir esos activos o cómo van a liquidar esos pasivos", agregó Castro.

Tomás Quirós, de Central Law, advirtió que, en el caso de las 18.300 sociedades disueltas que poseen bienes a su nombre, una importante cantidad de vehículos, propiedades y cuentas bancarias permanecerán inmovilizados.

"Hay personas que tienen todo lo suyo en sociedades anónimas: su casa, su carro, sus cuentas bancarias, entre otros bienes. (…) Muchos no se han percatado de la disolución de la personería jurídica y de la situación de sus bienes. Esas personas van a verse envueltos en una dificultad jurídica.

El hecho de que una sociedad se disuelva no la exime del pago de sus deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social y con Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares)", puntualizó el experto.

En el caso de aquellas sociedades inactivas que adeuden los cuatro períodos 2012-2015 del impuesto, los intereses que serían condonados superan los ¢200.000; en el caso de las activas, corresponderá cancelar el doble de esa suma.

Si las 18.300 personas jurídicas con activos registrados a su nombre pagan los impuestos, se estima que el Estado recuperará unos ¢13.800 millones.