BCR tuvo que destinar ₡29 mil millones de utilidades de 2025 para respaldar al fondo BCR SAFI
BCR SAFI
El Banco de Costa Rica (BCR) se vio obligado a destinar ₡29 mil millones de sus utilidades de 2025 a la Sociedad Administradora Fondos de Inversión BCR SAFI, como parte de los cumplimientos de la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) emitida en 2024.
La orden surge a partir del proceso que se llevó a cabo por las irregularidades detectadas en la compra por parte de la BCR SAFI del Parque Empresarial del Pacífico, con un presunto sobreprecio.
De acuerdo con información oficial, la sociedad compró el parque en $70 millones, pero el costo real no alcanzaba los $50 millones.
La medida de la Sugeval también obliga al BCR a retirar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) del Fondo de Inversión Inmobiliario de la BCR SAFI, por lo que el activo pasará a formar parte de los bienes del BCR.
El último avalúo del inmueble sitúa su valor en alrededor de $24 millones. Esto implica que, si el BCR logra venderlo a ese precio, la pérdida rondaría los $65 millones en un periodo de siete años, únicamente por esta operación relacionada con el complejo de bodegas ubicado en Caldera.
Uso de recursos públicos
Los estados financieros consolidados sin auditar del BCR, al cierre de 2025, detallan el impacto financiero de esta operación. En esos documentos, la entidad reconoce su responsabilidad como controladora de la SAFI.
En el informe, el BCR registró la provisión del los 29 mil millones, destinada al proceso de exclusión del activo del fondo y a compensar el efecto financiero de la transacción.
Según actas de la asamblea de accionistas realizada este año, el BCR prevé concluir a más tardar en agosto el proceso para retirar el inmueble del fondo inmobiliario y capitalizar el monto establecido por Sugeval para respaldar a la SAFI.
En esa misma sesión se estimó que, cuando se concrete el movimiento, la indemnización al fondo rondaría los $89 millones.
Capitalizaciones vinculadas al caso
De acuerdo con los estados financieros del BCR de 2024 y 2025, la entidad también realizó varias capitalizaciones para respaldar a la sociedad administradora de fondos de inversión y atender futuras obligaciones derivadas del caso.
La primera capitalización se aprobó de forma unánime en la Asamblea de Accionistas 04-2024, celebrada el 23 de setiembre de 2024, por ¢22.000 millones, con lo que se cumplió lo requerido en la resolución de la Sugeval.
Posteriormente, en la Asamblea de Accionistas 03-26, realizada el 9 de febrero de 2026, se aprobó un aumento de capital social para atender lo dispuesto también por Sugeval.
Además, en la sesión 04-26, celebrada el 2 de marzo de 2026, se aprobó una nueva capitalización por ¢9.000 millones.
El informe indica que esta última capitalización aún se encuentra en trámite de aprobación presupuestaria ante la Contraloría General de la República.
Ventas de sociedades de exdiputado
Humberto Vargas y su hijo (de celeste)
Este caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, debido a sospechas sobre una posible compra irregular del inmueble.
La Fapta mantiene bajo investigación a un grupo económico en el que figura el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, uno de sus hijos de apellidos Vargas Sotres y otras dos personas identificadas como Manrique Gutiérrez López y Héctor Barrantes Marín.
De acuerdo con el expediente del caso, estas personas habrían participado en al menos 10 sociedades anónimas. Esas estructuras, según la investigación, se utilizaron para adquirir nueve propiedades que posteriormente se vendieron a BCR SAFI con sobreprecios.
El fiscal de Probidad, Carlos Benítez, indicó a CR Hoy que la investigación sobre este denominado "grupo de interés económico" se desarrolla desde hace aproximadamente cuatro años y que recientemente estas personas pasaron a figurar formalmente como imputadas dentro del denominado caso BCR-SAFI.
Según explicó el representante del Ministerio Público, durante el proceso se identificaron las sociedades vinculadas con el grupo, lo que permitió incorporar a sus integrantes como sospechosos en la causa penal.
En total, 14 personas figuran como imputadas en esta causa. Las autoridades allanaron sus viviendas el 5 de diciembre del año pasado.
El Ministerio Público indicó que la causa investiga presuntos delitos relacionados con sobreprecios irregulares e influencia en perjuicio de la Hacienda Pública. Estos hechos se vinculan con decisiones tomadas por la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, en torno a la compra de al menos nueve proyectos inmobiliarios.