Bancos públicos renuncian a la Asociación Bancaria Costarricense tras polémica con proyecto sobre estafas

(CRH).

Los bancos públicos de Costa Rica —Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)— anunciaron este jueves su renuncia formal, inmediata e irrevocable a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

En un comunicado conjunto, aseguraron que la decisión responde a un quiebre de confianza generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III de la Asamblea Legislativa.

Indicaron que los análisis técnicos señalan que este proyecto presenta debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias.

Desde una perspectiva técnica y de política pública, las entidades reiteran que el proyecto:

• Presenta riesgos de incremento de costos sistémicos que se trasladarían a los usuarios, afectando la inclusión financiera, tarifas, acceso a crédito y sostenibilidad del sistema financiero.
• Presenta contradicciones serias que generan desequilibrio.
• Es arbitrario, no se fundamenta en reglas de la ciencia y la técnica.
• Introduce esquemas de responsabilidad desproporcionados.
• Omite el concepto de culpa grave.
• No asigna responsabilidades efectivas para luchar contra el crimen organizado.
• Genera inseguridad jurídica y riesgos sistémicos que terminarían impactando a la ciudadanía.

"Los bancos públicos han liderado históricamente temas como la protección de las personas usuarias, la inversión en ciberseguridad, la prevención del fraude y la cooperación con las autoridades judiciales y policiales. Precisamente por ese compromiso, las entidades no pueden avalar ni verse vinculadas a mensajes que simplifican un problema complejo y proyectan soluciones que no lo resuelven", manifestaron.

Las tres entidades agregaron que agradecen los espacios de diálogo compartidos en el pasado; sin embargo, afirmaron que las circunstancias actuales los obligan a marcar una posición firme y transparente ante la ciudadanía y ante el país.