Bancos alertan sobre distorsiones que encarecen el crédito y frenan el empleo formal

A pocas semanas de las elecciones nacionales, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) identificó dos grupos de reformas prioritarias que, a su criterio, deben ser asumidas por la próxima administración para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

Se trata de reformas para reducir los costos operativos de las empresas y de medidas para eliminar distorsiones en el sistema financiero, estas últimas orientadas a reducir el costo del crédito.

La ABC subrayó que, si bien la economía costarricense en su conjunto mantiene tasas de crecimiento saludables, este se concentra en las empresas de zonas francas. El resto de la economía, que representa un 85 % del producto interno bruto (PIB), ha mostrado un crecimiento muy bajo desde hace años.

Para la banca, corregir los factores que afectan la competitividad y la intermediación financiera resulta clave para impulsar un crecimiento más equilibrado e inclusivo en el país.

"Las empresas costarricenses están atenazadas por una serie de factores que hacen muy costoso producir y crear empleos formales. Cuando existen distorsiones que elevan los costos de producción y del crédito, o que reducen la disponibilidad de recursos prestables para determinados sectores, se afecta la inversión productiva y la capacidad de las empresas para expandirse y contratar trabajadores", sostuvo Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.

Prioridades

Las prioridades de la ABC para la agenda económica de la próxima administración son las siguientes:

1. Reducir los costos operativos de las empresas para impulsar el crecimiento y la generación de empleo formal:

El aparato productivo nacional enfrenta, desde hace años, elevados costos de producción relacionados con las altas cargas patronales sobre la planilla, las tarifas eléctricas, los rezagos en infraestructura, la carga regulatoria y los desajustes entre la oferta laboral y las necesidades de las empresas.

Todos esos factores limitan la competitividad de las empresas, especialmente fuera de las zonas francas y de la Gran Área Metropolitana. La menor competitividad reduce la rentabilidad de los proyectos de inversión y limita la expansión empresarial y la creación de empleo formal.

Actualmente, cerca del 40 % de los trabajadores se mantiene en la informalidad. Resulta crucial aplicar una estrategia integral para reducir los costos operativos y fortalecer la generación de empleo formal, lo cual contribuiría a un crecimiento económico más equilibrado y a una mayor inclusión de los trabajadores con baja calificación.

Para impulsar la competitividad empresarial y la formalización del empleo es preciso:

• Reducir las cargas patronales sobre la planilla, especialmente las no relacionadas con pensiones o con el seguro de salud.
• Abrir el mercado eléctrico a la producción privada.
• Mejorar la infraestructura vial y portuaria, en parte mediante el impulso de alianzas público-privadas.
• Reducir la carga regulatoria.
• Mejorar la coordinación entre las instituciones educativas formales, técnicas y vocacionales y las empresas, para asegurar la generación de las destrezas que demanda el sector productivo.
• Ampliar la red de cuido de menores y adultos mayores para permitir una mayor participación en el mercado laboral, especialmente de las mujeres.

2. Reducir las distorsiones en el sistema financiero:

La disminución de los costos operativos de producción estimularía la inversión y, por tanto, la demanda de crédito. Lo mismo ocurriría con la formalización del empleo, pues la informalidad eleva los riesgos de la intermediación financiera y limita la base de empresas y trabajadores con historial crediticio.

Sin embargo, la intermediación financiera también enfrenta distorsiones directas y específicas que elevan sus costos y afectan la oferta de crédito. Entre ellas destacan:

• Las cargas parafiscales, que son contribuciones impuestas a la banca para financiar programas fiscales.
• El denominado "peaje bancario", que exige a los bancos privados mantener en la banca estatal un 17 % de los depósitos que reciben.
• El encaje mínimo legal, que corresponde al porcentaje de los depósitos que los intermediarios financieros deben mantener inmovilizados en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y que no pueden destinarse al otorgamiento de crédito. En Costa Rica, esta tasa se sitúa en un 15 %, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 1 %.

En el caso del encaje mínimo legal, su fijación es competencia del Banco Central y no del Poder Ejecutivo; no obstante, la ABC considera importante promover una discusión técnica orientada a valorar una eventual reducción de esta tasa.

"Reducir estas distorsiones es esencial para conseguir tasas de interés más favorables para los ahorrantes y más crédito, a menores tasas, para los deudores, fortaleciendo la competitividad del país y promoviendo un crecimiento más dinámico y equilibrado", agregó Cubero.

De cara al proceso electoral, la ABC hizo un llamado a las candidaturas para que incorporen estos temas en la agenda de políticas económicas, con un enfoque técnico, responsable y orientado a resultados, que permita más crédito, más inversión, más empleo formal y un crecimiento más balanceado e inclusivo. En esencia, un mayor bienestar para los costarricenses.