Al Gobierno se le va la mitad de ingresos en pagar planilla

(CRHoy.com).- Un 50% de los ingresos totales del Gobierno se destina al pagar la remuneración de los funcionarios públicos. El peso de esa carga en el presupuesto que financian los impuestos llevó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a plantear que la reforma a los regímenes de empleo público es de "primera prioridad".

La desproporción en el gasto en planilla coloca a Costa Rica a la cabeza en el pago de remuneraciones de los funcionarios del Gobierno entre todos los 37 países que integran la Organización actualmente.

Según el grupo, ese tipo de disparidades son las que hacen urgente también que el país haga cumplir la regla fiscal y que reduzca la desigualdad e impulse el crecimiento, y convierten la mejorar en la eficiencia en el gasto público en un desafío fundamental y social. Así lo indica en su Estudio Económico para Costa Rica 2020, el tercero que realiza sobre el estado del país, y el primero que hace ya con el Gobierno invitado formalmente a convertirse en la nación número 38 del "club" parisino.

El tema salarial del Gobierno no es menor. Además de comerse una gran proporción de sus ingresos, las remuneraciones del sector público son casi un 50% más altas que en el sector privado, factor que contribuye a la desigualdad social.

OCDE diagnosticó que esa alta remuneración de los empleados públicos nace de un régimen salarial "sumamente fragmentado" que resulta de una combinación de numerosas asignaciones e incentivos que, incluso, varían de un empleado a otro, y de una multiplicidad de convenios colectivos y legislaciones interrelacionadas. La Organización también citó como parte del problema los vínculos que hay entre los aumentos salariales entre diversos grupos de empleados públicos.

Hay diferencias de hasta un 600% entre mismas categorías

En el Servicio Civil, por ejemplo, un salario base de un funcionario nombrado en ese régimen se puede complementar hasta con 20 incentivos diferentes, incluidos los pagos por antigüedad y pluses.

"Las entidades desconcentradas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la política salarial y tienen la mayor parte de los pluses salariales, que asciende a un 46%. También existen grandes diferencias en los componentes salariales dentro de la misma categoría institucional. En total, hay hasta 260 pluses salariales en todas las instituciones, según el inventario de la Contraloría General de la República.

"Esto da lugar a grandes diferencias dentro de la misma categoría de trabajo, que en algunos casos puede alcanzar más del 600%", identificó la OCDE.

Esa mezcla hace de la remuneración del empleo público un asunto demasiado complejo, poco claro y sumamente difícil de controlar, en criterio de la Organización.

Acerca de las medidas que se incluyeron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal, que vino a poner un tope al crecimiento de los pluses al ordenar que se paguen nominal y no porcentualmente con respecto al salario base, como en el caso del plus de la anualidad, la OCDE consideró esas disposiciones como un primer paso para racionalizar el pago de remuneraciones en el Gobierno.

Para este año el Gobierno Central presupuestó ¢2,6 billones para pagar los incentivos a sus funcionarios, mientras que el monto presupuestado para remuneraciones básicas es de ¢2,4 billones para el periodo actual.

El grupo consideró que se necesitan complementos al plan fiscal como:

• La introducción de un régimen de salario único con escala iguales para las mismas funciones en todo el sector público.
• Racionalizar los incentivos y pluses salariales.
• Hacer que estos se paguen con base en el desempeño.

"Resultaría en un régimen de remuneración más equitativo. También facilitaría la gestión y el control del gasto en salarios, al tiempo que mantendría regímenes de remuneración competitivos", consideró la OCDE.

Proyecto de empleo público urge

Los problemas que tiene Costa Rica en el empleo público y las recomendaciones para solucionarlos surgieron del análisis que realizó sobre la situación del país el Comité de Gobernanza Pública de la Organización.

Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, algunos de esos requisitos que la Organización ve deseables están incluidos en el texto del proyecto de ley de reforma al empleo público que el Poder Ejecutivo presentó a los diputados.

La jerarca resumió que en el proyecto hay dos cosas fundamentales que son un cambio de paradigma, al definir la utilidad del empleo público de acuerdo con la labor que se le presta al país y no respecto de la institución donde labora el empleado, y que se unificarán todos los regímenes dispersos de empleo público bajo uno solo.

"Si uno analiza el proceso completo de empleo público, se dará cuenta de que de las 322 instituciones, únicamente 46 de esas que caben bajo el ámbito de la Dirección General de Servicio Civil, tienen normas comunes de reclutamiento, de gestión, y también de remuneración", recalcó Garrido durante un conversatorio que organizó la OCDE sobre el estudio.

La rectora del Ministerio de Planificación (Mideplan) agregó que al cambiar de paradigma en el empleo público costarricense se debe, además, cumplir el precepto constitucional de que a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones de eficiencia, sin importar el lugar de la administración pública en el que labore un empleado.

El hecho de que vaya a existir un único régimen de empleo público, aclaró Garrido, no va a significar que todo el mundo vaya a ganar exactamente lo mismo, sino que, en razón de la diferencia en el servicio que se presta, así se irán agrupando las diferentes "familias" de empleados que comparten variables y procesos comunes.

Otro de los cambios que propone el Gobierno en el proyecto es en los procesos de reclutamiento y selección, que serán "a la medida" del servicio que se tiene que prestar.

Según Garrido, a partir de la entrada en vigencia de la normativa, el proceso de reclutamiento no solo se evaluará genéricamente al postulante, sino que, si es para llenar una plaza profesional, al trabajador se le evalúe en el proceso de reclutamiento con base en los conocimientos específicos en las materia que se requiera.