40% de los recursos de Banca para el Desarrollo irán a regiones periféricas

Francisco Gamboa, ministro del MEIC. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -Un 40% de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) se dirigirán a regiones periféricas del país.

Así lo dispone una reforma al reglamento de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo anunciada este viernes por el Poder Ejecutivo.

También establece que un 40% de los recursos deberán dirigirse a sectores prioritarios, como los proyectos impulsados por mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas y consorcios de pymes.

Las modificaciones pretenden facilitar el acceso a los fondos, mejorar el uso e impacto de los mismos y dar mayor apoyo a sectores prioritarios y regiones periféricas del país.

"La reforma persigue que los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo vayan a donde se requieren, estén al servicio efectivamente del emprendedor, de las micro y pequeñas empresas, de las buenas ideas, de los buenos proyectos y de la innovación, para así seguir reactivando la economía del país. Hemos dicho que nuestros emprendedores y micro y pequeños empresarios requieren más acceso a financiamiento, pues esta reforma es un gran paso en ese sentido", declaró el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa.

También establece que al menos el 27% de los recursos deberán otorgarse a operadores no regulados como, por ejemplo, microfinancieras, asociaciones y cooperativas de producción.

Además, se busca que los fondos de capital semilla aumenten su participación. Se espera al menos una participación del 10% de esos fondos en el patrimonio total del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade).

La reforma otorga potestades al Consejo Rector del SBD para definir cuantías para el fondo de avales, crédito, servicios de desarrollo empresarial, capital semilla, capital de riesgo, entre otros.

Las entidades financieras que accedan a los recursos del SBD deberán tener, entre sus programas de financiamiento y condiciones, políticas especiales que compensen las desigualdades de género y los operadores deberán justificar ante el Consejo Rector los márgenes de interés con que se atenderán a los sujetos beneficiarios de la ley.

También se mejora la eficiencia en los trámites porque se disminuye de 60 a 30 días naturales para formalizar y solicitar la emisión del aval.