Ecologístas exigen a Sala IV declarar inconstitucional decreto sobre agroquímicos
Grupo alega que flexibilización en requisitos de importación de agroquímicos amenazará la vida de las personas
(CRHoy.com) Un grupo de activistas ecologístas realizó una concentración para firmar un documento que entregaron a los magistrados de la Sala Constitucional en el que les solicitan declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo N.° 41.481 que, junto con los decretos N.° 39995 y N.° 40059, busca desregular la entrada al país de plaguicidas.
Los activistas, que apoyan al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco), afirman que esa desregulación permitirá que los agroquímicos entren al país sin controles sanitarios, ambientales ni de efectividad agrícola, además de actualizar los registros de agrotóxicos sin que las empresas aporten información relevante como análisis de riesgo y toxicidad crónica.
"El proceso de actualización de registro se abrió como una opción para que todos aquellos registros de agrovenenos que se comercializan en el país, que carecen en su expediente de la información de toxicología crónica e información ecotoxicológica, que no cuentan con análisis de riesgo, pudieran presentar la información de acuerdo a las normas nacionales e internacionales", se lee en un comunicado de prensa que envió el movimiento.
El grupo alega que la Contraloría General de la República (CGR) ya se había pronunciado en relación a que los registros de agroquímicos con información incompleta se apartan de la legalidad.
Y agregaron que las reglas del proceso de actualización del registro de agroquímicos estaban claras desde el 2004; aseguran que en ese año la definió la CGR que se pronunció acerca de que es responsabilidad de los ministerios verificar que los productos formulados, productos técnicos y coadyuvantes y demás sustancias registradas, aportarán la información de manera que se permita disponer de la información necesaria para evaluar los riesgos que representan para la salud y el ambiente.
El bloque denunció que el sector empresarial de importación de agrotóxicos y el anterior ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, fueron los que impulsaron el decreto "a la medida de sus intereses comerciales".
"Por estas razones técnicas y científicas es que la Sala Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad contra el decreto N.°39.995, interpuesto por la Defensoría de los Habitantes. Para el 2019, en un intento desesperado del despacho del actual ministro de Agricultura, Renato Alvarado, emitió otro decreto, que trató de revivir el que impugnó la Defensoría", reseñaron.
El movimiento aclaró que sus acciones no van en contra de la venta de agroquímicos, siempre que se respeten las normas internacionales.
