Dueños de restaurante denuncian “injusticia” con orden de demolición en Nicoya
Tras casi cinco décadas en Playa Garza, la familia propietaria del restaurante Bahía Garza, en Nosara, enfrenta una orden de demolición emitida por la Municipalidad de Nicoya. Sus integrantes aseguran que las obras realizadas en el inmueble contaban con permisos y cuestionan la decisión del gobierno local.
El caso cobró notoriedad en redes sociales luego de que Paula Mora, familiar de la propietaria, expusiera públicamente la situación y defendiera la permanencia del restaurante.
Paula, familiar de la propietaria y encargada de defender públicamente la permanencia del restaurante, afirmó que su familia mantiene una relación de décadas con Playa Garza y que su madre ocupa el inmueble desde hace aproximadamente 47 años.
Según relató, el terreno funcionó anteriormente como una cantina y fue adquirido por su madre cuando estaba embarazada de su hija mayor.
La familia sostiene que en 2021 presentó ante la Municipalidad fotografías, permisos y un croquis de las obras que pretendía realizar. De acuerdo con Mora, el proyecto consistió en remodelar una estructura antigua de madera y zinc, sin cambiar su ubicación.
También afirmó que la Zona Marítimo Terrestre habría dado el visto bueno para realizar los trabajos.
"Nosotros presentamos todos los documentos que nos solicitaron", sostuvo la familiar, quien considera que las obras no representaron una ampliación sustancial de la construcción.
Paula aseguró que la mayor parte de la estructura se encuentra fuera de los 50 metros correspondientes a la zona pública. No obstante, reconoció que una parte de la barra del restaurante habría sobrepasado el límite establecido por el mojón.
Familia se defiende
Otro de los puntos que la familia cuestiona está relacionado con los permisos para operar el restaurante.
Paula afirmó que cuentan con un permiso del Ministerio de Salud vigente hasta enero de 2027 y que las patentes municipales fueron pagadas. Sin embargo, señaló que desde hace aproximadamente dos años no reciben el documento físico correspondiente.
La familiar también aseguró que la familia presentó recursos legales para intentar detener las órdenes de demolición.
Durante ese proceso, explicó, su madre sufrió tres derrames cerebrales. Paula relacionó el deterioro de su salud con el estrés provocado por el conflicto, aunque reconoció que no puede determinar que los padecimientos hayan sido causados por el proceso municipal.
Para la familia, una eventual demolición no solo afectaría el negocio, sino también la vivienda de varias personas que permanecen en el inmueble.
Paula afirmó que su madre continúa viviendo en el lugar y que otras integrantes de la familia dependen económicamente de los ingresos generados por el restaurante.
La familia también cuestionó lo que considera un posible trato desigual en Playa Garza.
Según Paula, existen otras edificaciones que fueron construidas recientemente y que, de acuerdo con su versión, cuentan con permisos municipales, mientras que a Bahía Garza se le pretende demoler una estructura que, insiste, fue principalmente remodelada.
La familiar cuestionó que las normas de la Zona Marítimo Terrestre puedan aplicarse de manera diferente dependiendo de quién ocupe los terrenos.
Municipalidad respalda accionar
La Municipalidad de Nicoya mantiene una posición. Según explicó el gobierno local, el procedimiento se inició en octubre de 2021, cuando el Departamento de Control Constructivo y Obra Pública constató una remodelación total de las estructuras existentes dentro de la Zona Marítimo Terrestre.
A partir de ese hallazgo, se inició un procedimiento administrativo que culminó con la Resolución Administrativa N.° 11-11-2021, mediante la cual se ordenó la demolición de las obras y se otorgó un plazo para realizarla de manera voluntaria.
La municipalidad asegura que la propietaria tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar los recursos correspondientes. La resolución fue impugnada mediante recursos de revocatoria y apelación, pero ambos fueron rechazados, por lo que la orden de demolición quedó en firme.
La ejecución, sin embargo, no se concretó de inmediato debido a distintos procesos judiciales.
En 2022, un Tribunal Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar que suspendió temporalmente la ejecución de la demolición. Esa medida fue levantada en agosto de 2023.
Posteriormente, según la Municipalidad, se presentó un proceso de salvaguarda ante la jurisdicción de familia relacionado con la situación personal de la persona infractora. El gobierno local afirma que también respetó ese procedimiento y esperó a que se resolviera y se designara al garante correspondiente.
Una vez superados esos impedimentos, la Municipalidad retomó las gestiones para ejecutar la orden y realizó coordinaciones con otras instituciones.
El gobierno local también indicó que, debido a las condiciones sociales de las personas que ocupaban el inmueble, se coordinaron valoraciones con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Según el expediente municipal, ambas instituciones ofrecieron alternativas de asistencia que fueron rechazadas.
Niegan discriminación
Ante los cuestionamientos de la familia, la Municipalidad de Nicoya rechazó categóricamente cualquier señalamiento de discriminación contra costarricenses o de favorecimiento hacia extranjeros.
El gobierno local sostuvo que la normativa se aplica por igual a todas las personas y que el procedimiento relacionado con Bahía Garza se desarrolla respetando el debido proceso desde 2021.
Además, negó que la persona involucrada pueda ser considerada pobladora de la Zona Marítimo Terrestre, una condición excepcional que exige cumplir una serie de requisitos establecidos en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
Entre esas condiciones se encuentra acreditar más de diez años de residencia y posesión continua antes de la entrada en vigencia de la legislación, además de que el terreno sea la única propiedad de la persona.
En este caso, la Municipalidad sostiene que la persona procedimentada nació en 1957, por lo que no podía cumplir con el requisito temporal establecido por la ley. También señala que el inmueble no constituye su única propiedad.
Restaurante clausurado
El conflicto tuvo un nuevo capítulo la semana anterior, cuando la Municipalidad clausuró el restaurante.
Según el gobierno local, se trató de una medida cautelar de cierre debido al incumplimiento de los requisitos necesarios para operar comercialmente. La Municipalidad indicó que la actuación se realizó con fundamento en el artículo 90 bis del Código Municipal.
La institución aclaró que la clausura constituye una actuación independiente del procedimiento administrativo de demolición, aunque ambos procesos están relacionados con la ocupación y funcionamiento del establecimiento dentro de la Zona Marítimo Terrestre.
Mientras la familia sostiene que cuenta con permisos y que las obras correspondieron a la remodelación de una estructura que ocupa desde hace décadas, la Municipalidad afirma que se realizó una remodelación total sin las autorizaciones correspondientes y que la orden de demolición quedó firme.