Dueños de MECO y H. Solís irán 4 meses a prisión preventiva

(CRHoy.com). Mélida Solís Vargas, dueña de la empresa H.Solís, y Carlos Cerdas Araya, propietario de la constructora MECO S.A., irán a prisión preventiva durante 4 meses.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, tras explicar la resolución dictada este lunes por el juez Hugo Porter.

¿Qué fue lo que resolvió Porter? El Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José declaró con lugar el recurso del Ministerio Público y calificó de que "no son adecuadas" las medidas cautelares alternas a la prisión preventiva (la caución real, figura similar a la fianza) que fueron ordenadas por la jueza penal Carolina Lizano a finales de junio, en el caso Cochinilla, para ambos empresarios.

Así las cosas, los 2 imputados estarán en prisión preventiva durante 4 meses. Lapso en que se mantendrán vigentes las medidas cautelares para los 30 imputados en el proceso penal.

En la audiencia de apelación celebrada la semana pasada, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó formalmente la nulidad de las fianzas de $5 millones  y $3 millones otorgadas a Cerdas Araya y a Solís Vargas, respectivamente.

La Fiscalía alegó que no era suficiente la caución por los montos fijados, en relación al eventual riesgo de fuga que existe sobre la figura de los imputados. Por esa circunstancia, la autoridad fiscal, pidió al juez anular esa primera resolución con la que estos imputados obtuvieron la libertad.

Así fue como dicha autoridad (Tribunal Penal) declaró con lugar el recurso del Ministerio Público y en consecuencia se decretó la ineficacia de las medidas cautelares alternativa a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal", indicó la oficina de prensa del Poder Judicial.

En esta resolución, también se rechazó un recurso contra la prisión preventiva instrumental que mantuvo a los imputados casi 2 semanas detenidos, mientras se resolvían las medidas cautelares contra los investigados. Además, se rechazó otro recurso contra la suspensión laboral para los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). El juez Porter señaló que para resolver este reclamo "se sopesaron elementos objetivos e incuestionados del sumario".

Entre ellas, figuraron: las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas, las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis de la fiscalía (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado); la posición ostentada en la estructura y plan criminal, así como la magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.

Las medidas cautelares contra los demás imputados se mantendrán igual.