Directora jurídica queda libre y sin medidas en caso de millonario robo al Banco Nacional

La Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares contra 7 de los 9 investigados en la sustracción de más de ₡3.200 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

A través de un comunicado de prensa, la entidad explicó que a las 8:30 p.m. del miércoles concluyó la toma de declaración indagatoria de las 9 personas imputadas (8 detenidas ayer y una citada para esa diligencia).

"Tras la valoración particular de cada persona, la Fiscalía determinó la necesidad de solicitar medidas cautelares contra siete.  De esta manera, Bolaños Zúñiga (oficial de seguridad) y Herrera Cantillo (directora jurídica del BNCR) continuarán apegados al proceso penal sin necesidad de cumplir medidas cautelares, por tener -hasta este momento- menor participación en los hechos investigados", apuntó la institución.

El resto de imputados están a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de la audiencia de medidas cautelares durante este jueves.

"El tipo de solicitud que hará la Fiscalía Anticorrupción se comunicará una vez que finalice la vista", concluyó el Ministerio Público.

Este miércoles, un tesorero de "bajo rango", de apellido Olivas, fue detenido como presunto responsable del robo de ₡3.293 millones provenientes de los dineros que llegaban en tulas o colas de cajeros.

Pese a que el caso se destapó el 23 de octubre a través de medios de prensa, el faltante de dinero se constató el 3 de ese mismo mes y se habría mantenido oculto por presuntas órdenes de la dirección jurídica del banco.

¿Por qué el OIJ sospecha que la sustracción de dinero puede remontarse a hace 4 años? Randall Zúñiga, director de la policía judicial, reveló que durante el proceso de investigación se percataron que en este lapso no se hizo un arqueo físico de los dineros.

Al parecer, en los sistemas informáticos, sí se reflejaban los recursos que ingresaban a las bóvedas, pero eso discreparía del faltante que existía a nivel físico.

El dinero llega al banco a través de camiones remeseros a un parqueo especial. Ahí hay una ventana blindada donde los funcionarios bancarios reciben las tulas.

En este punto un contador se encarga de contabilizar el dinero que ingresa y pasa la tula al tesorero (Olivas, en este caso), quien es el encargado de efectuar un nuevo conteo e ingresar los montos de dinero en los sistemas informáticos correspondientes.

Al parecer Olivas sí ingresaba los dineros a los sistemas informáticos, pero físicamente estos no pasaban a las bóvedas. Por eso, se está tratando de dilucidar si los otros involucrados incurrían en responsabilidades dolosas o culposas.

"La última revisión que se hizo de parte de la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo fue del año 2019. Entonces, nosotros podemos retrotraer esto hasta el año 2019. Son aproximadamente 4 años y dentro de esos 4 años no se les hizo un arqueo físico a los dineros", explicó el jefe policial.

Zúñiga agregó que este arqueo físico no consta en los registros, pese a que existen supervisores, custodios, contadores y autoevaluadores.

"Evidentemente, a partir de ahora, hay que hacer otras acciones y otras diligencias, como: apertura de las cuentas bancarias y esto va a involucrar tener más tiempo para buscar evidencia y ligar a las otras personas", expresó el director del OIJ.

Olivas, investigado por la sustracción del dinero y legitimación de capitales, se habría aprovechado de un "punto ciego" en las cámaras de seguridad para sustraer el dinero y colocarlo en sobres de manila

Esos sobres de manila eran sacados por el tesorero bajo el brazo y colocados en un casillero designado a funcionarios bancarios. Posteriormente, se llevaba el dinero fuera de las instalaciones.

Tras la apertura de la investigación, mediante el uso de videos, el OIJ acreditó al menos 10 casos en los que Olivas habría replicado este modus operando para sustraer dinero. Estos hechos habrían ocurrido entre agosto y setiembre.

Uno de los obstáculos para el proceso de investigación radica en que los videos de las cámaras de seguridad se almacenan solo durante 45 días. Es decir, es difícil determinar mediante video si hubo casos posteriores.

"El hecho de que pusieran la denuncia 20 días después, abre la posibilidad a que las pruebas quedaran a disposición del imputado para que no se investigara adecuadamente", añadió Zúñiga.

Olivas es el principal sospechoso de la sustracción, pero el resto de imputados son investigados por presuntas omisiones en los controles para evitar este tipo de hechos delictivos.

Personas detenidas
Apellidos de la persona imputada	Puesto desempeñado
Olivas Valle	Tesorero Procesamiento de Efectivo
Madrigal Faerron	Jefe de Tesorería
Blanco Oviedo	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Ugalde Morales	Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo
Hernández Saborío	Contador
Cerdas Méndez (mujer)	Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo
Ramírez Sandí	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Bolaños Zúñiga	Oficial de Seguridad