Directora del MOPT afirma que cumple con todos los requisitos para ocupar cargo

(CRHoy.com).-Paola Rojas Chacón, directora a.i. de la División Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), defendió su designación en el cargo y apuntó que cumple con todos los requisitos para ocupar ese puesto.

La funcionaria respondió a las consideraciones efectuadas por la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCE), la cual realizó una investigación sobre el nombramiento tras recibir una denuncia y señaló (mediante un oficio publicado el 11 de mayo) la posibilidad de elevar una denuncia al Ministerio Público por un aparente ejercicio ilegal de la profesión.

Para esa entidad, Rojas Chacón (quien es abogada de profesión) está nombrada en el puesto de directora administrativa, gerente de Servicio Civil 2 y que ese puesto corresponde a su ejercicio a un profesional en ciencias económicas debidamente habilitado.

Ante esto, la actual directora de la División Administrativa del MOPT insistió en que el puesto que ocupa no posee un grupo de especialidad alguna asociada al CCE y calificó como falsa la afirmación de que el cargo solo puede ser ocupado por un profesional agremiado a ese colegio profesional.

La abogada fue designada en el cargo por Ángela Mata Montero, viceministra administrativa de la cartera, el 12 de enero de 2023. Precisamente, esa jerarca solicitó la designación de la funcionaria desde el mes de noviembre de 2022.

Según detalló Rojas, Mata consultó a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) en condición de ente rector en materia de Recursos Humanos sobre la posibilidad de que un abogado ocupara el puesto y ese ente afirmó que "al no tener grupo de especialidad que la asocie a especialidad alguna, da una flexibilidad amplia en la determinación de la formación profesional de la persona que la Administración desee ubicar en función del interés público, pero limitada -esencialmente- por la naturaleza propia de las actividades que conformen las dependencias donde se ejerce el cargo y las normas que regulan dicho accionar".

Sobre el tema, mediante un oficio, la dirección de Recursos Humanos del MOPT, entonces a cargo de Christian Méndez Blanco, advirtió el 8 de diciembre de ese año que, si bien el puesto (que ocupa la abogada) cuenta con una clasificación en la que no aplica especialidad, por su naturaleza el cargo solo puede ser ocupado por un profesional en el ámbito de las Ciencias Económicas. Específicamente, en el campo de la Administración (Rojas es abogada).

En esa misma línea, el 12 de diciembre de 2022, Méndez y la dependencia de Recursos Humanos advirtieron a la viceministra Mata que Rojas no reunía los requisitos para el puesto 030393, cargo de director Administrativo, clasificado como Gerente de Servicio Civil 2.

Ante los señalamientos de Méndez, la abogada Rojas consideró que el entonces encargado de Recursos Humanos debió haberse inhibido de analizar su caso porque previamente el que ocupaba el cargo de subdirección era él y que pudo haber tenido un interés en un posible nombramiento en el cargo.

Sobre los señalamientos del CCE, la abogada consideró que carece de sustento para abrir una investigación en su contra en virtud de que ella no forma parte de ese colegio.

"Se concluye sin mayor esfuerzo que, si el puesto no requiere estar incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, tal y como ocurre con el cargo de director de la División Administrativa de este ministerio (MOPT), es inexistente responsabilidad alguna de mi persona, por ende, tampoco se configura el delito del ejercicio ilegal de una profesión, por el dictamen vinculante emitido por la Dirección General del Servicio Civil y por la naturaleza del puesto, que no está asociado a especialidad alguna", apuntó Rojas.

Además, acotó que en el marco penal no existe un delito de incumplimiento de requisitos y explicó que en el caso del presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión (que destaca en el Código Penal) este se configura cuando se ejerce una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente.

La postura de Rojas:

La información publicada el día 29 de mayo del año en curso se basa en una interpretación desapegada a la norma vinculante y a la verdad de los hechos; debido a que, el puesto No. 030393, de la clase de Gerente de Servicio Civil 2, el cual corresponde al Director (a) de la División Administrativa, no posee un grupo de especialidad alguna asociada al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, por lo que resulta falsa cualquier afirmación en el sentido de que ese cargo solo puede ser ocupado por un Profesional agremiado a ese Colegio Profesional.

De acuerdo con el Manual de Puestos, actualizado al año 2023 y emitido por la Dirección General del Servicio Civil, la funcionaria cuestionada en la nota periodística, cuenta holgadamente con los requisitos necesarios para ocupar el puesto de la clase Gerente de Servicio Civil 2.

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, carece de competencia para tramitar una investigación en contra de la funcionaria, ya que, es evidente y manifiesto que no es miembro de ese Colegio, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

Además, si para ocupar el puesto, no se requiere estar incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, tampoco se configura el delito del ejercicio ilegal de una profesión, por el dictamen vinculante ya emitido por la Dirección General del Servicio Civil y por la naturaleza del puesto, que no está asociado a especialidad alguna. Mucho deploramos que el ataque contra la funcionaria pueda llegar a ser, una persecución de género, por ser mujer; lo cual nos obligaría a emprender otras medidas.

La abogada Rojas es funcionaria de planta del MOPT desde 2002. Desde entonces ha desempeñado distintos cargos, el más reciente consistió en ser la asesora legal de la viceministra Mata Montero.

Antes de fungir como asesora de ese despacho, laboró como funcionaria del departamento del proceso de accidentes de la cartera. Con 46 años, la funcionaria aparece colegiada desde el 28 de mayo de 2001 ante el Colegio de Abogados de Costa Rica.