Director de CCSS ignoró parentesco entre directivo y oferente en contrato de $14 millones

Robert Picado, director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), omitió informar el parentesco entre el directivo Juan Manuel Delgado y un oferente en un contrato de $14 millones para implementos telefónicos.

Durante una sesión de la Junta de Adquisiciones, Picado presentó como posible adjudicataria a la empresa Grupo CRG Soluciones Sociedad Anónima, en la cual Juan Miguel Delgado, hermano del directivo, figura como presidente.

Consultado por CR Hoy sobre por qué no advirtió del parentesco entre el presidente de la empres ay el director de la CCSS, Picado aseguró que no tiene responsabilidad de informar sobre aspectos administrativos de las contrataciones y que realizó la presentación como "un favor".

"Hacer ese análisis no es mi responsabilidad; mi responsabilidad es meramente técnica", explicó el director.

A raíz de la omisión de Picado, el gerente de infraestructura de la CCSS Jorge Granados sí alertó sobre el parentesco y consultó si existía alguna prohibición por el vínculo familiar. Picado aseguró que no había inconveniente alguno. No obstante, según Granados, la ley establece una serie de limitaciones que fueron obviadas.

La ley establece que los parientes hasta tercer grado de consanguinidad están sujetos a la prohibición (…) La normativa vigente indica que cualquier funcionario público de la institución transmite esa prohibición a sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad, explicó Granados.

Pese a la posición de Granados, el asesor legal de la CCSS Minor Jiménez dijo que las prohibiciones no aplicaban porque la licitación era analizada por un órgano distinto a la Junta Directiva, donde Juan Manuel Delgado es vicepresidente.

Granados rechazó esa interpretación, postura que fue respaldada por Sofía Espinoza, directora de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios.

Ante estas discrepancias, la Junta de Adquisiciones acordó, el pasado 25 de febrero, solicitar el criterio de la Dirección Jurídica de la CCSS y suspender temporalmente el proceso mientras se analiza la normativa.

Picado justificó la participación de Grupo CRG Soluciones Sociedad Anónima e indicó que, desde 2018, la empresa ha sido proveedora de la DTIC.

¿Qué dice la ley?

La Ley General de Contratación Pública establece lo siguiente con respecto a los vínculos familiares entre miembros de las instituciones y posibles adjudicatarios:

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j) El cónyuge, el compañero o la compañera en unión de hecho de los funcionarios que originan la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

k) Las personas jurídicas en las cuales tengan participación en el capital social, sean beneficiarios finales de estas o ejerzan algún puesto de dirección o representación, el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior.

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De existir algún supuesto de prohibición, según lo regulado en los incisos j) y k) del artículo 28 de la presente ley, será posible participar en los procedimientos de contratación pública, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la actividad comercial desplegada se haya ejercido por lo menos dieciocho meses antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición, o

b) Que, en el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, estos ocupen el puesto respectivo al menos dieciocho meses antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición, o

Para poder participar en los procedimientos de contratación pública, pese a la existencia de la causal de prohibición, el oferente deberá hacer constar en la declaración jurada la condición de desafectación que habilite su participación; lo anterior deberá ser advertido en la oferta correspondiente. En caso de inobservancia dará lugar a las sanciones penales y administrativas establecidas en la presente ley.

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El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega, explicó que, al notar los apellidos, la Junta de Adquisiciones devolvió el expediente a la unidad de compras tramitante para que analizara el régimen de prohibiciones. Ahora, la unidad debe remitir nuevamente el caso a la Junta de Adquisiciones para determinar si corresponde una desafectación de la prohibición.

La contratación, que es de $14.670.707, es para dispositivos telefónicos, diademas y otros productos de telefonía. Tendrá una duración de cuatro años y los pagos se realizarán de manera trimestral.

Juan Manuel Delgado solicitó un espacio en la sesión de la Junta Directiva del pasado martes para referirse a la situación.

"Mi vida como profesional se ha caracterizado por ser ética y transparente desde el inicio (…) La normativa de compra pública establece que, en un caso como este, donde una persona en un puesto directivo tiene un familiar que participe en un proceso licitatorio, es posible hacerlo siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos y se tramite un levantamiento de desafectación.

La empresa de mi hermano tenía más de seis meses de funcionamiento cuando fui nombrado directivo", argumentó Delgado.