Director de Aviación Civil avaló cambios propuestos por MECO sin contar con refrendo técnico, dice Fiscalía

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sostiene que Marcos Castillo Masís, director general de Aviación Civil, habría avalado los ajustes solicitados por Constructora MECO S.A. para modificar el proyecto de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste, sin el refrendo técnico requerido.

A inicios de 2024, la CNE contrató a MECO, por $40 millones, para rehabilitar la estructura al amparo de una licitación sustentada en la ampliación del decreto ejecutivo de emergencia emitido en junio de 2022 para atender los impactos derivado de la influencia de la tormenta tropical Bonnie.

La Fapta apunta a que el funcionario habría procurado darle legalidad a la modificación pretendida por la empresa a través de una ingeniería de valor y habría continuado el proceso de cambio de los alcances de del contrato, firmando finalmente como responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).

Desde que arrancó el proyecto, la responsabilidad de la UEP recayó sobre el ingeniero David Rojas Alfaro, quien representaba a la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Rojas Alfaro fue destituido por orden de Mauricio Batalla Otárola, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), al negarse a aprobar la ingeniería de valor propuesta por MECO.

A criterio de Rojas Alfaro y los ingenieros de la UIA, la ingeniería de valor planteada por MECO procuraba reducir el alcance del proyecto y convertir la intervención en un recarpeteo (no en una rehabilitación, como se contrató inicialmente). Para los funcionarios de la unidad, esto provocaría que en el corto plazo se requirieran nuevas intervenciones y que existiera un uso inadecuado de los recursos públicos.

Rojas también advirtió que existían incumplimientos contractuales por parte de MECO, en relación con el grado de desempeño del ligante asfáltico colocado en las primeras tareas efectuadas y a una suspensión unilateral de los trabajos. Incluso, a criterio del funcionario, ante estas situaciones, se debían aplicar multas contra la empresa en consonancia con lo dispuesto en el contrato.

La FAPTA subrayó que Castillo Masís, una vez que Rojas Alfaro fue destituido, firmó el ajuste en la obra sin contar con el refrendo técnico necesario, pues es abogado de profesión y no ingeniero civil.

“Para culminar con el plan delictivo trazado y lograr que se diera el cambio ilícito del objeto y alcance del contrato en beneficio de la empresa imputada Constructora MECO S.A., el día 13 de diciembre del 2024, el funcionario público imputado Marcos Castillo Masís, prevaleciéndose de su cargo como director general de Aviación Civil y para brindar apariencia de legalidad a la modificación pretendida, sin refrendo técnico alguno, continuó dirigiendo dicho proceso de modificación y firmó como responsable de la Unidad Ejecutora el oficio DGAC-DG-OF-2485-2024 mediante el cual ordenó la modificación de la contratación 2023PX-000239- 000650000, mediante la cual se desnaturalizó el objeto del contrato y con ello se accedió a intervenir las capas superficiales de la pista de rodamiento sin intervenir las capas subyacentes, en detrimento de lo establecido en el reglamento para el funcionamiento y fiscalización de las unidades ejecutoras en proyectos de emergencia de la CNE, decreto ejecutivo N° 42867-MP, el cual obliga a que dichas modificaciones deben contar con la firma de un profesional que cuente con la especialidad y grado académico atinente a este tipo de proyecto, de la cual el funcionario público imputado Castillo Masís carece al ser abogado”, cita la orden de allanamiento del caso denominado “Pista Oscura.

La Fapta detalló que Castillo Masís no logró encontrar un funcionario que quisiera hacerse cargo de la unidad ejecutora del proyecto y que abrió un proceso de reclutamiento para contratar un “gerente de proyectos”.

Al parecer, según la autoridad judicial, la empresa MECO tomó como base el trabajo de diseño hecho por la UIA de la DGAC para el diseño de la solución constructiva, que fue aprobado al inicio de la contratación, y a partir de ahí efectuó el rediseño, el anteproyecto y los planos constructivos para la modificación contractual que fue aprobada sin refrendo técnico por Castillo.

Dichos ajustes fueron depositados en el sistema informático del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) por persona de calidades a este momento ignoradas, para su visado ante el Departamento de Análisis de Proyectos de dicha entidad, según la fiscalía.

Las obras de rehabilitación en la pista de aterrizaje del AIDOQ se reiniciaron el día 16 de diciembre del 2024. Según la Fapta, esto sucedió "a pesar de los señalados incumplimientos en que incurrió la empresa MECO y sin que se vaya a realizar una intervención integral, sino únicamente la sustitución de 30 centímetros de carpeta asfáltica superficial de la superficie de rodamiento del AIDOQ".

Batalla, Castillo y Villalobos fueron detenidos el martes 13 de mayo en allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fapta en el marco del caso “Pista Oscura”. También fue detenido Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la CNE. Todos quedaron en libertad en la noche de miércoles, a la espera de la continuidad de la audiencia para la fijación de medidas cautelares.

En tanto, la empresa MECO remitió el miércoles un comunicado de prensa en el que se desmarcaron de cualquier ilegalidad cometida en el proceso y apuntó que los ajustes contenidos en la ingeniería de valor redujeron el costo final del proyecto en hasta $8 millones.

En la causa penal se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.