Directivos del BN nombrados por Chaves incumplirían requisito de idoneidad para ocupar cargo

Algunos de los nuevos miembros de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) nombrados por el gabinete encabezado por el mandatario Rodrigo Chaves Robles, incumplirían requisitos para ocupar los cargos designados.

Este jueves en su primera sesión oficial, la nueva mesa definió su directorio. Maximiliano Alvarado Ramírez asumió el cargo de presidente y Noylin Cruz Suárez fue electa vicepresidenta.

El cambio en la cúpula de la entidad financiera ocurre luego de que Chaves destituyó a los miembros anteriores sin contar con un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (SBN).

Luego, el 28 de mayo anterior, el Consejo de Gobierno nombró también a la nueva junta, completada por Rolando Saborío Jiménez (secretario) y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío.

No obstante, algunos de los nuevos ejecutivos incumplirían con  requisitos que establece el Acuerdo 15-22 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Esta norma es el "Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas".

En él se regula el perfil y la trayectoria que deben tener los miembros de las juntas directivas y altos mandos de los intermediarios financieros y otras empresas reguladas.

El reglamento establece una serie de exigencias de idoneidad y entre ellos, los miembros de la alta gerencia y del órgano de dirección (la junta directiva, en el caso del Banco Nacional), deben tener una experiencia suficientemente demostrada en puestos de ese tipo.

Para ello, se debe considerar la similitud en la naturaleza, tamaño y complejidad de las entidades o empresas en que se haya obtenido la experiencia.

"El análisis de la experiencia de una persona debe incluir, por lo menos, la valoración de la experiencia demostrable en áreas relevantes para la actividad financiera en que se desempeña la entidad, empresa, o grupo o conglomerado financiero", cita el reglamento.

Para asegurar que los directivos tengan experiencia, la norma establece algunos umbrales mínimos. Para ser presidente de la junta directiva se requieren al menos ocho años en los últimos diez años, de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o en puestos de alta gerencia.

Los otros miembros del órgano de dirección deben contar con al menos tres años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos, o en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a este.

Pero no todos los miembros cumplirían con este requisito de experiencia. Así lo demuestra un documento que recopila los atestados y currículos de la nueva junta directiva, del cual CR Hoy tiene copia y que fue remitido al Banco Nacional.

María del Milagro Solórzano León es la que más se aleja de cumplir con ese aspecto de idoneidad. En su hoja de vida aparece que es abogada y notaria, y prácticamente ha laborado solo en el campo legal.

Ha pasado por los bufetes Artavia y Barrantes, Pignataro Abogados, Jiménez & Pacheco, Agora Abogados, Vitanova- Real Estate and Immigration Law, Chuken & Abogados y Rodríguez.

La documentación muestra que su único paso por entidades financieras en la década de los noventa: una práctica profesional en el Banco Nacional y en los extintos Banco Bancrecen y Elca Seguros, como agente de seguros.

Otro que podría incumplir con la normativa es el secretario Rolando Saborío. Su currículo señala que desde 2016 hasta la actualidad, solo se ha desempeñado como consultor económico y financiero independiente, así como miembro externo de varios comités de riesgo del Banco Popular.

Además, realizó consultorías para la Bolsa Nacional de Valores, fue corredor de bolsa en el BCR y otros puestos de trabajo similares.

No obstante, la norma explícitamente señala que los directivos deben haber ocupado mínimo tres años en puestos de alto rango similares, o el nivel inferior inmediato. El reglamento de Conassif no considera cualquier paso por un banco como suficiente para cumplir con la experiencia idónea.

En el caso de la directiva María Quesada Brenes, su experiencia en bancos se limita a haber sido directora General de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del BNCR entre octubre de 2022 y octubre de 2024, así como asesora en el Banco Central (BCCR) y analista de crédito en una entidad privada a inicios de los 2000.

El resto de su trayectoria, se ha dedicado a cargos en la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y algunas direcciones en la Bolsa Nacional de Valores desde 2014. Pero no ha ocupado cargos de alta gerencia directamente en bancos.

Esto pese a que la normativa señala que para designar a miembros de la junta directiva, se debe considerar que la persona tenga conocimientos acordes con el tamaño del grupo o conglomerado, entidad o empresa supervisada.

Anabelle Chaves es otra de las nuevas directivas, a pesar de que desde hace años no está cerca de ningún banco. De diciembre de 1998 a mayo del 2006 fungió como miembro de la junta directiva general del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), entidad que fue cerrada en el 2017, debido a serios problemas estructurales y financieros.

Desde entonces, se dedicó a ser corredora de bienes raíces, asesora de ventas y asesora administrativa en empresas privadas, fuera del sector financiero nacional.

Presidencia y vicepresidencia

El reglamento con el cual Conassif establece que para el cargo específico de presidente, se requiere tener al menos ocho años en última década en puestos directivos o alta gerencia. En el caso de Maximiliano Alvarado no fue posible determinar si cumple con esa experiencia requerida. 

Aunque su hoja de vida muestra que ha ocupado cargos como gerente general y subgerente en Bancrédito, director en el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE) y en el propio Banco Nacional, en la documentación no consta cuáles fueron los periodos y si efectivamente fueron en los últimos diez años. 

Lo cierto del caso es que Noylin Cruz no cumpliría con ese requisito, pese a ocupar la vicepresidencia que según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en caso de ausencia o impedimento transitorio del presidente, debe ser reemplazado con todas sus atribuciones, facultades y deberes. 

Cruz Suárez solo suma siete meses como suplente de la junta directiva del Banco Popular, entre agosto del 2024 y mayo del 2025, insuficientes para homologar los ocho años en la última década de experiencia en altos cargos, que exige la ley para la presidencia del banco.

Adicionalmente, estuvo en el Departamento Financiero Contable de Cooperativa de Ahorro y crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada (Coocique R.L.), pero entre 2001 y 2006. También ocupó puestos en el sector privado, pero no vinculado a entidades reguladas. Trabajó para una empresa auditora que auditó, entre otras entidades, al Banco Nacional y a Bancrédito.

Cabe señalar que según el reglamento, el hecho de que la persona nombrada no los alcance no implica automáticamente que no sea idónea, en estos casos la persona nombrada aún podrá ser considerada idónea si la entidad o empresa lo justifica adecuadamente.  

Por eso, CR Hoy solicitó a Casa Presidencial y al Banco Nacional, corroborar en detalle los atestados, puestos ocupados y plazos que hacen cumplir a cada uno de los miembros con el requisito de experiencia y el umbral mínimo que establece la norma mencionada; así como especificar el procedimiento de reclutamiento seguido por el Consejo de Gobierno y quiénes estuvieron a cargo del proceso de selección, más la documentación que respalde las respuestas. Al cierre de esta nota, la gestión seguía en trámite

También se intentó conocer la postura de los involucrados. Solórzano León se negó a responder, indicando que no está autorizada para hablar de sus propios atestados y remitió la consulta al nuevo presidente del banco.

Por su parte, Alvarado Ramírez aseguró que en su caso es pública su trayectoria bancaria, por lo que no respondería la pregunta. Además, remitió la consulta al "ente resolutor" que lo nombró. Del resto no se ha obtenido respuesta.

Este medio también se aseguró con Conassif que la norma mencionada es la vigente.