Directiva del BN ordena análisis jurídico para determinar si cobran millonario costo de informe a exdirectores
A la derecha, Marvin Arias, presidente del Banco Nacional. (CRH).
La junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BN) ordenó un análisis jurídico para determinar si procede cobrarles a los exdirectores, nombrados y juramentados por el presidente Rodrigo Chaves, el millonario costo de un informe para investigar la designación de la gerenta general de la entidad, Rosaysella Ulloa.
Esta investigación fue ordenada por los exdirectivos el 29 de agosto pasado, en la sesión extraordinaria 12.768, la cual fue declarada confidencial, y adjudicada al bufete BDS Asesores Jurídicos por un monto de $20.000.
"En este caso pedimos un estudio a la Dirección Jurídica del banco sobre lo que procede: si se debe cobrar a los exdirectores el costo de ese informe preliminar, como lo llamaron, en vista de que ya existía un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que indicaba que el nombramiento (de Ulloa) había sido correcto y se encontraba dentro de la discrecionalidad de los directores de la junta en ese momento, cumpliendo con todas las normas, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Constitución Política e incluso los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", confirmó el presidente del BN, Marvin Arias.
El acuerdo para investigar el nombramiento de Ulloa, que había sido declarado confidencial por los exdirectivos, fue hecho público por la actual junta directiva de la entidad, destituida por la Presidencia de la República el 28 de mayo pasado y reinstalada por la Sala Constitucional el 10 de octubre.
Los actuales directores fueron cesados de sus cargos a raíz del nombramiento de Ulloa, realizado el 3 de septiembre de 2024.
El informe de la investigación preliminar, presentado por el bufete BDS Asesores Jurídicos, no determinó vicios en la designación de Ulloa.