Diputados se suman a dudas y cuestionamientos sobre arribo de migrantes deportados
Primer vuelo con deportados desde EE. UU. traerá 93 asiáticos
Varios diputados de la provincia de Puntarenas y de la Zona Sur del país se sumaron a la preocupación manifestada por vecinos y autoridades locales del cantón de Corredores ante la llegada de 200 inmigrantes asiáticos e indios al país, quienes fueron expulsados de los Estados Unidos.
El pasado lunes, el Gobierno de Rodrigo Chaves anunció un acuerdo con el gobierno estadounidense para "colaborar" en la repatriación de un grupo importante de personas deportadas por esa nación.
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna coordinación con la Municipalidad del cantón para definir el trámite que se seguirá con estas personas, el tiempo que permanecerán en la zona y cómo se gestionará su salida hacia sus respectivos países. Esta situación genera preocupación también en el Congreso.
El diputado de Puntarenas, Francisco Nicolás, criticó al Gobierno por manejar a medias este traslado migratorio, ya que no ha asegurado cómo se realizará el retorno de los extranjeros a sus países de origen, considerando los altos costos e inconvenientes logísticos que esto podría implicar.
"Por supuesto que Costa Rica seguirá siendo un destino para todos los refugiados o inmigrantes que busquen asilo temporal en el país. Sin embargo, en este caso, deberíamos exigir la garantía mínima de que estas personas, una vez atendidas en temas de salud, apoyo espiritual y adaptación, sean trasladadas a sus países de origen.
Este es un tema complejo, porque estamos hablando de migrantes de Asia, cuyas movilizaciones aéreas son costosas. La gran pregunta de fondo es: ¿cuánto tiempo estarán en el CATEM? Y, segundo, ¿quién asumirá el costo total de la repatriación?.
El Gobierno no ha resuelto estas dudas ni ha brindado información al respecto, lo que genera mucha incertidumbre en una zona ya golpeada por la pobreza, la delincuencia y conflictos entre grupos.
Una vez más, el Gobierno hace las cosas a medias, mal hechas y con desdén hacia una zona que necesita el mayor apoyo posible", afirmó Nicolás.
Por su parte, Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó su preocupación por el acuerdo anunciado entre Costa Rica y Estados Unidos para recibir a los migrantes deportados con destino a India y Asia Central.
Además, exigió al Poder Ejecutivo aclarar los detalles del acuerdo para evitar mayor incertidumbre.
"Entiendo que la solidaridad y la cooperación internacional son pilares fundamentales de nuestras relaciones exteriores, pero este acuerdo debe ser examinado con detenimiento.
Es vital garantizar que Costa Rica cuente con los recursos y las condiciones necesarias para acoger dignamente a estos migrantes en el Centro de Atención Temporal al Migrante, y que el proceso se lleve a cabo con pleno respeto a los derechos humanos.
También exijo que el Gobierno transparente los detalles de esta cooperación y asegure que no comprometa nuestros ya limitados recursos sociales ni la seguridad de nuestra población.
Es esencial que prioricemos el bienestar de los costarricenses y que este tipo de acuerdos no se realicen sin la debida planificación y el respeto a la autonomía del país.
Cualquier consecuencia de este acuerdo será única y exclusivamente responsabilidad del Poder Ejecutivo", advirtió García.
En la misma línea, la diputada liberacionista Sonia Rojas señaló que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y asegurar que el acuerdo con Estados Unidos no afecte a los habitantes de Paso Canoas y la zona fronteriza.
"La llegada de estos 200 migrantes asiáticos a Corredores añade una carga extra a un cantón que ya enfrenta grandes retos en este ámbito. El Gobierno no puede simplemente enviarlos y esperar que el cantón resuelva por su cuenta.
Se necesita un plan claro, con recursos y logística bien definidos. La falta de información solo genera incertidumbre y afecta tanto a los habitantes del cantón como a los mismos migrantes.
El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar que existan condiciones adecuadas para manejar esta situación sin comprometer la estabilidad y seguridad del cantón", afirmó Rojas.
Ante los cuestionamientos, el presidente Rodrigo Chaves se refirió al tema este miércoles en su programa televisivo semanal, señalando que "andaba un ruidillo extraño" y que no entendía por qué "había gente nerviosa".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró, estando junto al mandatario en la Zona Sur, que se trata únicamente de repatriados y que no representan un peligro.
"Son los mismos migrantes que ya habían pasado por aquí, cruzaron Costa Rica y llegaron a Estados Unidos. Ahora están de regreso. Algunos a pie y otros en avión. Para todos ellos tenemos fondos de la OIM y de la propia Embajada estadounidense para repatriarlos", afirmó Zamora.
Crhoy.com consultó desde el pasado martes a los voceros autorizados de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el rol que desempeñará la entidad en este proceso, a lo que respondieron:
"A solicitud de los funcionarios locales, la OIM está prestando apoyo esencial a las personas recientemente removidas de los Estados Unidos.
La OIM colabora con los funcionarios locales para asistir a los afectados, facilitando el retorno voluntario de quienes lo soliciten e identificando alternativas seguras para los demás.
Cuando los países receptores lo requieren, la OIM ayuda a garantizar el acceso a servicios esenciales y colabora con los gobiernos para asegurar un trato humano y digno para estas personas.
Nuestra función en la asistencia a los deportados de Estados Unidos se centra en el suministro de apoyo humanitario y en facilitar el retorno cuando sea seguro hacerlo.
Si bien no participamos directamente en la detención o restricción de la circulación de personas, nos comprometemos a velar porque todos los migrantes sean tratados con dignidad y conforme a las normas internacionales".
El primer vuelo con deportados, inicialmente programado para antes, fue pospuesto y llegará este jueves con un total de 93 personas, según confirmó el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.