Diputados piden cuentas a la CNE por lento avance en proyectos de infraestructura

Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios pidieron explicaciones este miércoles al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, por el lento avance de 502 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública dañada que se financian con un millonario crédito internacional.

Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) cuestionaron al jerarca con base en un informe de seguimiento del Programa de de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) hecho por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa.

Proeri fue aprobado mediante ley el 28 de febrero de 2024 con un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $700 millones, y se compone de 502 proyectos en las categorías de peligro inminente y atención de emergencias.

De los 502 proyectos, 299 son obras de infraestructura deteriorada por el pasar de los años y la falta de mantenimiento (peligro inminente) y los restantes 203 son obras relacionadas con diferentes infraestructuras impactadas por desastres naturales.

El análisis técnico legislativo también se fundamentó en un informe hecho la Contraloría General de la República (CGR).

El plazo que se otorgó para finalizar las obras es de 18 meses, comenzó a correr el 22 de marzo de 2024 y finalizará el 22 de setiembre de 2025.

Hallazgos

El informe legislativo determinó lo siguiente:

Sobre los 203 proyectos de emergencia, se detectó:

• 4 proyectos se encuentran en diseño.
• 170 proyectos están en pre-inversión.
• 23 proyectos se encuentran en licitación y contratación.
• 6 proyectos están en ejecución.
• De los 203 proyectos, 90 tienen registro en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Sobre los demás proyectos, se desconoce el método de contratación.

Sobre los 299 proyectos de peligro inminente, se determinó:

• 29 proyectos no presentan información.
• 270 proyectos no tienen avance financiero, no se les ha girado recursos.
• 268 proyectos tienen algún grado de avance en pre-inversión.
• 45 proyectos presentan avances de infraestructura que oscilan entre 5% y 94%. 225 proyectos no tienen avance.
• 268 proyectos se encuentran en proceso de licitación, uno está en ejecución y otro está en inversión (estudios).

La Contraloría determinó también un conjunto de inconsistencias en distintas inspecciones hechas a los proyectos.

Cuestionamientos

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN)  y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sostuvo que la información presentada por la CNE en un informe de auditoría es omisa.

"El plazo para finalizar los proyectos es de 18 meses. Este finalizará en setiembre de 2025. Sin embargo, apenas se tiene un avance del 3% de los proyectos. Son pocas las obras terminadas. Es muy bajo porcentaje para la cantidad de proyectos que están enlistados que son bastantes", mencionó.

La liberacionista aclaró que ese plazo lo estableció la misma CNE, a pesar de la cantidad y complejidad de las obras.

Picado respondió que la CNE está haciendo un "esfuerzo sobre humano" para cumplir con el plazo de finalización y explicó que se han encontrado obstáculos que han provocado atrasos en el desarrollo de los proyectos. Incluso, reconoció que no puede garantizar que se terminen las obras en el plazo fijado.

El legislador Jonathan Acuña, del FA, por su parte, reclamó que la información entregada por la Auditoría Interna de la CNE es omisa y destacó las inconsistencias detectadas por la CGR.

"Quiero invitar a la ciudadanía a que revisen con atención el informe de la Contraloría que lo que me provoca son dudas de lo que nos están informando. Hay 356 proyectos que aparecen con avance físico pero aquí están reconociendo que no lo tienen. Quiero tener información clara respecto al proceso", dijo.

Mientras, la congresista Sonia Rojas, también del PLN, externó su preocupación por el grado de avance que registran los proyectos.

"La Contraloría también nos da informes que es de ponerles atención (…) Hay situaciones de fondo bastante peligrosas e importantes porque son recursos de todos los costarricenses. No se puede jugar metiendo proyectos que no ameritan. Hay muchas inconsistencias", agregó.