Diputados piden a Fiscalía investigar 86 mil computadoras embodegadas en el MEP

Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia recomendaron al Ministerio Público abrir una investigación por presunto incumplimiento de deberes contra los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los funcionarios responsables por el caso de las 86 mil computadoras y tabletas que esa entidad mantiene embodegadas, en lugar de estar en manos de los estudiantes de escuelas y colegios, para su aprendizaje y para cerrar la brecha digital.

Esa fue una de las recomendaciones incluidas en el informe de la investigación sobre la no entrega de equipo tecnológico a estudiantes en condición de vulnerabilidad, por parte del MEP, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Entre las conclusiones del informe, destaca que el Estado no cumplió con la entrega oportuna de dispositivos tecnológicos y conectividad a más de 300.000 estudiantes identificados en condición de pobreza extrema.

Los legisladores también señalaron que la priorización de beneficiarios no obedeció a criterios técnicos claros, y que la metodología utilizada para identificar a los estudiantes carecía de actualización, transparencia y articulación entre instituciones.

Los diputados firmantes del informe determinaron, además, que la coordinación fue deficiente, especialmente en la ejecución de los convenios marco.

“El retraso administrativo y las disputas de competencia institucional resultaron en la paralización de procesos clave, afectando el cumplimiento del principio del interés superior del niño”, detalla el informe.

El documento incluye también una serie de recomendaciones al Plenario legislativo, entre ellas, aprobar el informe y remitirlo a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para que continúe con el seguimiento técnico, presupuestario y administrativo de las deficiencias estructurales identificadas.

Asimismo, solicita a la Procuraduría de la Ética Pública investigar a los funcionarios del MEP responsables del diseño, supervisión y ejecución de los programas de acceso tecnológico, con el fin de determinar si incurrieron en omisión de funciones, negligencia administrativa o desatención de deberes.

Los equipos que el MEP almacenó costaron $58,3 millones.