7 investigaciones legislativas importantes quedarán en manos de nuevos diputados
Expedientes sobre bonos ''Proteger'', pruebas FARO, CNP e ICE
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -Los nuevos diputados tendrán que conocer, discutir y votar al menos siete informes que corresponden a investigaciones relevantes hechas por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Así lo confirmó la diputada saliente Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano legislativo, quien indicó que dos informes sí serán votados por la comisión el próximo 21 de abril. Las otras cinco investigaciones aún no tienen informes redactados.
No obstante, todos los siete expedientes tendrán que ser discutidos y votados por el nuevo Plenario Legislativo que se instalará el próximo 1º de mayo.
Los informes que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público someterá a votación el próximo jueves 21 de abril corresponden a las investigaciones que la Asamblea Legislativa abrió sobre la entrega de bonos "Proteger" que hizo el gobierno de Carlos Alvarado durante la pandemia y la cuestionada aplicación de las pruebas FARO por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sobre el primer expediente, los legisladores investigaron presuntas irregularidades en la entrega de ese subsidio que fueron incluso confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Según la entidad fiscalizadora, el Gobierno entregó de manera errónea entre ¢11 mil millones y ¢15 mil millones en bonos, que fueron creados para ayudar a familias cuyos ingresos cayeron a causa del impacto económico ocasionado por la pandemia del Covid-19. Las filtraciones alcanzaron los 66.298 casos.
Yorleny León, diputada del PLN. (Archivo/CRH).
Con respecto a las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abrió un expediente para investigar la inclusión del denominado formulario de "factores asociados" en las mismas.
Ese formulario contenía preguntas de carácter socioeconómico de los estudiantes y sus familias que podrían haber violentado el principio de protección legal a los datos sensibles.
El objetivo de esa investigación fue determinar las responsabilidades legales y administrativas que corresponden a funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados con el diseño e implementación de esas pruebas.
Aunque la comisión apruebe ambos informes el próximo jueves, difícilmente serán conocidos y discutidos por el actual Plenario Legislativo, reconoció León.
Desorden en AyA y finanzas del ICE
Plenario Legislativo. (Archivo/CRH).
También queda pendiente de aprobación el informe que corresponde a la investigación por presuntas anomalías y desorden en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El expediente ya se encuentra en el Plenario, pero la diputada León reconoció que difícilmente se conocerá porque las jefaturas de fracción acordaron solo discutir y votar proyectos de ley en las últimas dos semanas del cuatrienio 2018-2022.
La principal recomendación que hizo el grupo investigador fue al presidente Alvarado para que ordenara la intervención inmediata de la institución, su junta directiva y su estructura gerencial.
Esto tras el cobro excesivo de tarifas a los usuarios durante la pandemia, la pérdida de un arbitraje por $6,7 millones de AyA con la empresa española Acción Agua S.A. y nombramientos irregulares en la entidad.
León confirmó que, además, los nuevos legisladores tendrán que retomar una investigación relacionada con las denuncias por el deterioro en las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su negativa a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que provocó una caída millonaria de los ingresos de esa empresa pública.
Mascarillas y sobreprecios
Caja Costarricense de Seguro Social. (Archivo/CRH).
A la lista de las investigaciones sin concluir se suman la compra de mascarillas quirúrgicas que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pandemia y los sobreprecios que pagan las instituciones públicas por las compras de alimentos al Consejo Nacional de la Producción (CNP).
En el primer caso, los diputados llamaron a audiencias a funcionarios públicos y representantes de otros sectores para tratar de esclarecer lo que pasó con las cuestionadas adquisiciones de 12 millones de mascarillas a empresas que no cumplían con todos los requisitos técnicos.
Las comparecencias se cerraron, pero sigue pendiente el informe de subcomisión. Según León, el documento no ha sido entregado por el legislador Carlos Ricardo Benavides, del PLN, quien tiene a su cargo la redacción del informe.
Consejo Nacional de Producción. (Archivo/CRH).
Con respecto a la investigación por los sobreprecios cobrados al CNP, todavía hay audiencias sin realizar. Dos de ellas son con el expresidente ejecutivo de la institución, Rogis Bermúdez, y la junta directiva.
Las comparecencias tendrán que ser reprogramadas por los nuevos diputados que formen parte de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para concluir con esa etapa de la investigación y proceder a la elaboración del informe.
Ese expediente se abrió para investigar al CNP por el manejo de fondos públicos, gestión de compras, participación de intermediarios, fijación de precios y costos de los paquetes de alimentos entregados a los comedores estudiantiles y a otras instituciones, como los Cen-Cinai, mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Otra investigación en curso que no podrá ser cerrada por la actual Asamblea Legislativa es sobre las inversiones realizadas en la nueva carretera a San Carlos, específicamente en el tramo Sifón-La Abundancia.
Este expediente aún cumple con la etapa de audiencias y tampoco tiene informe que pueda ser discutido y votado por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.