Diputados eximen de responsabilidad a bancos por uso de dinero prestado a partidos
La mañana de este lunes los diputados de la Comisión Especial de Reforma al Sistema Político y Electoral del Estado aprobaron una moción al proyecto de ley para Fortalecer el Acceso, la Equidad y el Control del Financiamiento de los Partidos Políticos, con la cual decidieron eximir de responsabilidad a entes financieros por el mal uso de recursos por parte de partidos políticos.
La moción aprobada adiciona un párrafo final al artículo 107 del Código Electoral para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 107- Comprobación de gastos.
(…)
Los entes financieros, debidamente autorizados, que den préstamos o firmen fideicomisos con los partidos políticos, para financiar sus gastos, no serán responsables por la forma en que estos los ejecuten y liquiden, de conformidad con lo establecido en esta ley, otras leyes conexas y sus reglamentos, sin demérito de las condiciones contractuales que negocien con las indicadas agrupaciones políticas, para que las liquidaciones pertinentes se hagan en forma transparente y clara, desde el punto de vista de la recuperación del principal, comisiones e intereses asociados con las indicadas liquidaciones.
Los congresistas, además, aprobaron otra moción para dejar claro que "las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas están obligadas a suministrar a los organismos electorales todo dato o informe que estos soliciten en relación con las funciones que les son propias".
Esta iniciativa de ley fue propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y propone aumentar el porcentaje de anticipo de la contribución estatal para los partidos del 15% vigente, a un 50%, y extenderlo también a las elecciones municipales, donde actualmente no se contempla.
A su vez, propone establecer cómo se debe distribuir el dinero del aporte económico estatal que reciba cada partido político: máximo un 80% para pagar financiamientos directos (después de comprobar sus gastos ante el órgano electoral este girará el monto reconocido a la agrupación política) y máximo un 20% para financiamientos indirectos (pauta contratada, pagada y distribuida por el TSE de forma equitativa entre todos los partidos).
También establecería la obligación de los partidos de emitir, cuando sea el caso, reportes de inactividad económica; y que únicamente las agrupaciones que compitan en cada elección estén obligadas a enviar mensualmente sus reportes financieros al TSE, entre otras reformas.