Diputados centran atención en fortalecer control sobre beligerancia política

Los diputados quieren centrar su atención en el combate contra la beligerancia política y, recientemente, presentaron dos nuevos proyectos de ley que pretenden fortalecer los controles sobre este delito electoral.

La beligerancia política es un delito que se comete cuando un funcionario público con prohibición muestra parcialidad a favor de un partido político en el ejercicio del cargo o cuando un funcionario con prohibición de participar en actividades políticas incurre en ellas, según el artículo 105 de la Constitución Política.

Las fracciones legislativas del Partido Liberal Progresista (PLP) y del Frente Amplio (FA) presentaron dos iniciativas de ley para ampliar los controles y sancionar a quienes incurran en este delito. Las sanciones por beligerancia incluyen la destitución y la inhabilitación de los funcionarios implicados.

PLP apuesta por ampliar el listado de funcionarios con prohibición

El proyecto de ley presentado por el PLP pretende reformar el artículo 146 del Código Electoral con la intención de ampliar el listado de funcionarios públicos con prohibición de participar en actividades político-electorales. La propuesta se tramita bajo el expediente 24.837.

En primera instancia, el proyecto busca dejar claro que los empleados públicos tendrán prohibición de dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral "durante todo el período del ejercicio de su cargo". La ley vigente establece esta prohibición únicamente "durante horas laborales".

Además, el plan añade en ese mismo párrafo que los funcionarios no podrán usar su cargo, los recursos públicos, los insumos ni al personal bajo su administración y mando para beneficiar a un partido político, candidatura o cualquier aspiración político-electoral.

La iniciativa también busca incluir a otros funcionarios con prohibición para participar en actividades de los partidos políticos y hacer manifestaciones electorales.

Actualmente, la ley dicta esta prohibición para quienes ejerzan la Presidencia y Vicepresidencias de la República, los ministros, viceministros, funcionarios del servicio exterior y jerarcas de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República.

El proyecto busca incluir al personal de la Presidencia de la República contratado bajo el régimen de confianza, así como a los jefes de despacho de todas sus dependencias, de las Vicepresidencias de la República y del Ministerio de la Presidencia. Estas personas no podrán participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político-electoral, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni colocar distintivos partidarios en sus viviendas o vehículos.

Tampoco podrán hacer ostentación partidista o electoral dentro o fuera de actividades partidarias y deberán abstenerse de realizar cualquier manifestación tendiente a influir en el resultado electoral, sin importar si se refieren o no a una o varias opciones partidarias.

El texto detalla que todos estos funcionarios "únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones y deberán abstenerse de hacer uso de recursos públicos para hacer propaganda electoral o realizar manifestaciones tendientes a influir en los resultados electorales".

El diputado del PLP y proponente de la iniciativa, Gilberto Campos Cruz, sostuvo que el proyecto es necesario en un contexto político-electoral distinto al que históricamente ha enfrentado Costa Rica rumbo a las elecciones presidenciales.

"Nuestra intención es dejar claramente definidos los alcances del concepto de beligerancia política en un contexto en el cual Costa Rica se enfrenta a riesgos nunca antes vistos, de la mano del populismo y, principalmente, debido a las acciones del Gobierno, que ha echado mano de recursos públicos para hacer una evidente y flagrante campaña electoral. No vamos a permitir que en Costa Rica se viva lo que ya han experimentado Venezuela o Nicaragua, donde el Poder Ejecutivo ha metido las manos en política electoral para inclinar la balanza en favor de los intereses autoritarios de esos gobiernos. Hay que prever todos los riesgos a los que nos enfrentamos como democracia", subrayó Campos Cruz.

FA quiere facultar al TSE y a la CGR para investigar de oficio

La reforma propuesta por el FA consiste en una modificación del artículo 265 del Código Electoral, esto para permitir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abra de oficio una investigación por beligerancia y no tenga que esperar a que alguien presente la denuncia.

Además, reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) para que esta también pueda intervenir de oficio cuando haya sospecha de uso de recursos públicos para fines electorales.

El proyecto incluye cambios al artículo 146 del Código Electoral para prohibir a "empleados y funcionarios públicos realizar manifestaciones o insinuaciones de cualquier naturaleza tendentes a influir en la voluntad electoral y hacer uso de su cargo, recursos públicos o personal a su mando para beneficiar a un partido político, candidatura, precandidatura o persona con interés en asumir algún cargo de elección popular".

El jefe de bancada del FA, Antonio Ortega Gutiérrez, afirmó que la propuesta tiene como objetivo luchar contra la corrupción que surge cuando funcionarios públicos, sobre todo aquellos en altos cargos, se aprovechan de su posición para hacer campaña electoral.

TSE ordenó investigar a Chaves

La semana anterior, la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones remitió a la Inspección Electoral dos denuncias por beligerancia política presentadas contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles.

Ambas denuncias se acumularon en un expediente y obedecen a declaraciones y manifestaciones que hizo Chaves en el acto inaugural del curso lectivo 2025, llevado a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios (Cotepecos).

En ese evento, el mandatario reiteró, en un espacio lleno de estudiantes de secundaria, que necesitaba un grupo de 40 congresistas de un solo partido político para el 2026, cuando se realicen las próximas elecciones.

La investigación contra Chaves surge a partir de denuncias interpuestas por Allen Solera Cordero y Ricardo Sancho Chavarría, este último presidente del Partido Liberación Nacional.

En febrero pasado, la autoridad electoral también le advirtió a Chaves sobre la ambigüedad de sus mensajes.

"La magistratura electoral recuerda al mandatario que debe evitar la ambigüedad en los mensajes que podrían comprometer su deber de neutralidad política, pues, como lo ha dicho el TSE en su jurisprudencia, 'cualquier manifestación de una autoridad de gobierno que, por su ambigüedad, roce los límites de los preceptos u oscile en la frontera de las prohibiciones establecidas para quienes ejercemos función pública, no se aviene con el deber de neutralidad y compromete el sentido y espíritu de la disposición constitucional", señaló la autoridad electoral.